Y en lugar de buscar con decisión la complicidad de todas las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha para ir de la mano a reclamar un sistema más favorable que permita disponer de más fondos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y los sectores productivos, el gobierno ha preferido emplear esta cuestión como elemento de confrontación y para eludir responsabilidades sobre los malos resultados de su gestión. Ha optado por emplear este tema como una tapadera electoral, en lugar de como un verdadero elemento para construir región.
Y tenía fácil el consenso. Ninguna fuerza política se puede negar a defender más fondos para Castilla-La Mancha. Entre otras razones, porque el nuevo modelo será efectivo en la próxima legislatura y a saber quién es el inquilino o inquilina del palacio de Fuensalida y que formación o formaciones están en el gobierno.
De ahí la congruencia de las palabras del portavoz del Grupo Popular, que quiere evitar que la financiación se convierta en Castilla-La Mancha en un tema de confrontación partidaria, terreno en el que lo quiere situar el gobierno del presidente García-Page.
Y si este ha sido el principal error de enfoque de la campaña, el segundo y no menos grave ha sido olvidar quienes se sentaban en el Palacio de Fuensalida cuando se negoció el modelo vigente de financiación, ese que ni es justo ni es igualitario. Dice la hemeroteca que se empezó a tratar en 2004, se empujó en 2005 y siguió en los años siguientes. Y claro en esa época el actual presidente de la Junta de Comunidades fue consejero de Relaciones Institucionales y vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha y el actual vicepresidente era consejero de Agricultura y desarrollo Rural. Tal fue su implicación que el actual vicepresidente se fue a firmar el acuerdo -ese que ahora es injusto e insolidario- con su compañera en el gobierno, María Luisa Araújo
A ellos debemos en mayor o menor medida este modelo de financiación que nos vendieron como un éxito, con una dotación extra de 500 millones de euros, que iba a permitir mejorar todos los servicios públicos. Un modelo que ahora ellos mismos dicen que es un fiasco.
El entonces presidente, José María Barreda, destacaba algunos puntos sobre la justicia e igualdad del modelo y así ponía en valor “que se haya asumido el Fondo de Convergencia, cuyo objetivo es reducir diferencias entre las comunidades autónomas o que se hayan tenido en cuenta variables que benefician a Castilla-La Mancha, tales como el incremento poblacional, la población joven o la baja densidad poblacional”.
Y el entonces presidente añadía: “Los criterios con los que se ha objetivado el nuevo sistema es razonable y le viene bien a Castilla-La Mancha”. El presidente -según el comunicado oficial de la Junta, que se emitió días antes de que se firmara el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- “pidió altura de miras más allá de coloraciones políticas. No hay comunidades autónomas del PP o del PSOE. Yo soy el presidente de todos los castellano-manchegos y Castilla-La Mancha no tiene coloración ideológica monocolor. Es felizmente plural y diversa como debe ser en democracia y yo eso no lo olvido nunca”.
La postura del presidente de la Junta de entonces pone en evidencia la postura del presidente de la Junta de ahora en aquella época integrado en su gobierno
¿Pero si el modelo era bueno, qué ha fallado? En una de las razones subyacentes están de acuerdo todos los gobiernos regionales con independencia de su coloración política: Aunque las Comunidades Autónomas mejoraban, seguían teniendo una infradotación en comparación con la que se reservaba el Ministerio (entonces la vicepresidenta y responsable económica era Elena Salgado) para la administración general del Estado (gobierno central). Y ese es ahora un punto en común de cara a la negociación del nuevo modelo.
La segunda fue que no se previó el impacto de la crisis en la recaudación pública y las cuentas de los ingresos a repartir se hicieron tomando como referencia los años de bonanza. Esos errores provocaron: recortes en los gastos y aumento de endeudamiento que, a su vez, distraía recursos del sistema para el pago de intereses en lugar de para el mantenimiento de los servicios, lo que ha terminado por lastrar el sistema hasta el punto de que una de las cuestiones sobre la mesa de negociación sea la condonación parcial de la deuda.
Esa deriva fue común para las Comunidades Autónomas del sistema. Algunas vieron agravada o mitigada la situación en función de la propia gestión.
Las que mantuvieron unos presupuestos fuertemente expansivos (Castilla-La Mancha) y no frenaron el gasto provocaron un fuerte aumento de su endeudamiento, lo que ocasionó un mayor impacto en los ajustes de los años siguientes. Este es el caso de Castilla-La Mancha. En 2011 el gobierno entrante se encontró con una deuda comercial (facturas sin pagar) no declarada de 4.000 millones de euros que hubo que transformar en deuda financiera. Era preferible deber el dinero al Estado y a los bancos que a los ciudadanos y empresas. Hubo que frenar el gasto, paralizar inversiones a las que no se podía hacer frente aún a riesgo de enfrentarse al pago de indemnizaciones y ajustar los fondos para garantizar la prestación de servicios básicos. Economía de guerra.
La mejora de la economía en los años siguientes permitió trasladar (siempre con desfase de un año o más) esas mejoras a los presupuestos públicos. Uno de los indicadores de este hecho son las liquidaciones económicas que el gobierno ha hecho a las regiones en función del mejor comportamiento de la recaudación en relación de los anticipos a cuenta sobre las previsiones de ingresos fiscales. Pero los ingresos siguen siendo insuficientes. La deuda de nuestra Comunidad sigue subiendo y los intereses representan más que las partidas destinadas a gasto social y a garantías ciudadanas. El gobierno actual ha dejado de gastar en los dos últimos años más de 1.200 millones de euros en programas anunciados a bombo y plantillo porque finalmente no tenía dinero. Era el ajuste encubierto, el de por la puerta de atrás para que no se enteren los ciudadanos (incluso esconde los datos de la ejecución de diciembre para tratar de evitar que se conozca este hecho y qué políticas han sido las más afectadas por la tijera).
El problema actual de Castilla-La Mancha es que el gobierno del presidente García-Page ha generado y sigue generando expectativas que no están respaldadas con dinero. Quiere generar una ilusión colectiva y hacerlo en comparativa con el gobierno anterior que tuvo que asumir los duros ajustes de la crisis y los fallos del sistema de financiación. Año a año el gobierno ha sido consciente de que esa política de ilusión colectiva es muy difícil de mantener sin dinero y ha ido difiriendo sus medidas o al menos el impacto económico de las mismas a la próxima legislatura (ley de garantías sanitarias, aumento sustancial del número de empleados públicos, (especialmente en sanidad, educación y servicios sociales).
Los presupuestos han ido recortando su margen de expansión de un año a otro y el crecimiento se destina a tapar determinados agujeros: garantizar a los interinos de educación la nómina en verano, recuperar la pérdida de la paga extra perdida o del mayor recorte de salarios, reponer material obsoleto y recuperar algunas de las infraestructuras inacabadas que se tuvieron que parar… Y mientras tanto trapichea administrativamente con los ciudadanos en la sanidad, la dependencia, la garantía ciudadanas y la educación, juega con ellos en las listas de espera, en la calificación de la dependencia o en retener los fondos para emergencias ciudadanas. Por ello pone el acento no tanto en lo que hace sino en lo que se dejó de hacer en los años de la crisis.
El problema es que el gobierno toma a los ciudadanos como menores de edad. También subyace una falta de capacidad de gestión y algunos errores en la orientación o ejecución de sus políticas, lo que además de hacernos perder fondos (especialmente los provenientes de la Unión Europea), provocan que la desaceleración de nuestra economía sea mayor que la del conjunto del país, que nuestras finanzas estén más deterioradas que la del conjunto autonómico, que aumente la deuda con proveedores o que necesitemos más liquidez año a año. Y eso no es tanto una cuestión ideológica entre izquierdas y derechas sino del grado de capacidad de este gobierno.
Claro que de esa menor capacidad siempre se puede echar la culpa al gobierno anterior, al gobierno de España o al modelo de financiación, aunque en la gestación de ese modelo hubieran participado en su día el actual presidente de la Junta de Comunidades y su vicepresidente primero de gobierno.
Y eso es lo que ha venido a reconocer la campaña sobre la financiación. El problema es que el gobierno se empeña en hacer la política contra otros porque las principales magnitudes e indicadores reales no respaldan la propia, al menos no cumplen con las expectativas generadas.
Si (
No(
