Los pacientes en plazos máximos en una y otra lista de espera alcanzaban a finales de abril de este año los 27.171. Cuando García-Page asumió el gobierno en 2015, el número era de 12.110. Cuatro antes, cuando lo asumió Cospedal, los pacientes en plazos máximos entre las tres listas de espera eran 14.543.
En la sanidad regional los plazos de respuesta se alargan y los plazos de garantías de atención sanitaria no terminan de ver la luz. Aún más, los tiempos máximos que se manejan en las estadísticas oficiales nada tienen que ver con aquellos que se dispusieron en el decreto 8 de enero de hace diez años heredero de otro decreto de 2003. Cuando el Ejecutivo de José María Barreda, promotor de aquella normativa, cesaba, en Castilla-La Mancha había en plazos máximos 1.178 que esperaban una operación, 9.715 que aguardaban ser vistos por el especialista y 3.650 que esperaban una prueba diagnóstica. Era el balance de un sistema que se había reforzado con la contratación de numerosos profesionales y que tenía vigente un sistema de garantías.
Cuando García-Page asumió el gobierno en 2015, el número era de 12.110. Cuatro antes, cuando lo asumió Cospedal los pacientes en plazos máximos entre las tres listas de espera eran 14.543
La crisis económica se dejaba sentir, la Junta, que había visto caer en picado sus ingresos mientras mantenía un gasto expansivo, debía 4.000 millones de euros a sus proveedores. Cuatro años después, cuando cesaba el ejecutivo de María Dolores Cospedal y tomaba posesión el de Emiliano García-Page, la herencia que Cospedal dejaba a García-Page en los tiempos máximos de espera sanitaria era de 3.565 pacientes para una operación, 5.972 para ser vistos por un especialista y 2.573 para ser sometidos a una prueba diagnóstica. Fueron los años duros, los de ajustes de los gastos para garantizar los servicios públicos, con una política sanitaria fuertemente contestada entonces y ahora por García-Page.
Tres años menos dos meses después, con más presupuesto (1.012 millones de euros), más profesionales sanitarios y equipos tecnológicos de última generación, conforme difunde la información oficial, y con un incremento de las derivaciones de pacientes a clínicas privadas, los datos han empeorado sustancialmente. El número de pacientes en plazos máximos para ser operados son 9.192 más que en junio de 2015 (el 258%); los que esperan ser vistos por un especialista 4.650 más (78%) y los que esperan una prueba diagnóstica son 1.219 más (47%).
Los datos cuestionan la complacencia del ejecutivo actual y han situado a Castilla-La Mancha como la segunda Comunidad española con peor sanidad y con los segundos tiempos medios de respuesta de atención más altos en las listas de espera, sólo por detrás de Canarias. Esta situación se ha convertido en eje principal de la acción política de la oposición. El Partido Popular ha propuesto una ley de plazos máximos y garantías para los enfermos que el gobierno regional se niega a debatir y a la que contrapone el anuncio de un futuro decreto el “031” guardado celosamente.
El gobierno trata de ganar tiempo y acercarse a las elecciones lo más que pueda para sacar ese decreto que supondría un elevado coste para la Junta que el equipo de García-Page cree que ahora mismo no puede asumir. Los decretos de garantías de 2008 y 2003, en los que los plazos máximos eran de la mitad de tiempo que los contemplados ahora por el Ejecutivo de García-Page, daban la posibilidad a que los pacientes que superaban los plazos máximos pudieran acudir a la medicina privada para ser atendidos, con una tablas de costes que venía determinadas por una resolución del SESCAM sobre condiciones económicas aplicables a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria.
En la resolución del año 2005 (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 142, de 18 de julio) se establecía todo un abanico de precios. El más barato en aquella época era el de “primera y única consulta, exclusivamente de que en ella se considere finalizado el proceso” en la especialidad de alergología. Ascendía a 21,67 euros. A partir de esa cuantía el SESCAM cubría los procesos de consultas externos con diferentes cuantías para los procesos completos. El máximo -también en alergología- era el de inmunoterapia de alto riesgo, que se acercaba a los 1.000 euros. El cuadro estaba dividido por especialidades y dentro de cada una por procesos y las cantidades fijadas para cada uno.
Para pruebas diagnósticas, un TAC variaba entre los 670 euros y los 825, según se tratara de una zona corporal o de cuerpo entero. Y en operaciones, se podía llegar a superar los 13.000 euros. Las prótesis de cadera superaban los 6.700 euros y las de rodilla los 6.600. La sustitución de una válvula cardíaca superaba los 7.500 euros.
La Fundación Idis, que aglutina a las principales compañías sanitarias privadas, ha realizado una oferta genérica a las administraciones públicas para llegar a un concierto para reducir la lista de espera. En el caso de Castilla-La Mancha, tan sólo la quirúrgica supondría unos costes superiores a los 100 millones de euros, si bien la cifra podría aumentar considerablemente una vez estudiada la casuística de las patologías. El principal cuello de botella está en los servicios de traumatología y dentro de estos, las operaciones programadas no urgentes que más se demoran son las que suponen mayor consumo de tiempo de quirófanos o de costes económicos.
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