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El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, durante una reunión con los representantes de los sindicatos de los agentes medioambientales hace dos años.
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El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, durante una reunión con los representantes de los sindicatos de los agentes medioambientales hace dos años. (Foto: Álvaro Ruiz // JCCM)

De las órdenes de la Junta para que la policía medioambiental no denuncie los delitos y de las medallas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional

jueves 24 de mayo de 2018, 21:13h
HECHOS 1: La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (policía judicial) emite una nota de prensa en la que denuncia que “la Secretaria General de la Consejería de Medio Ambiente de C-LM emite una instrucción para impedir a los agentes medioambientales denunciar ilícitos penales contra el medio ambiente ante jueces y fiscales”. Desde la Consejería de Agricultura ya se había llegado al extremo de abrir expedientes disciplinarios contra aquellos Agentes Medioambientales que ponían en conocimiento de los Juzgados presuntos ilícitos penales.

DERECHO: Artículo 259 Ley Enjuiciamiento Criminal: "El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare."… Artículo 262 Ley Enjuiciamiento Criminal: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.

COMENTARIO: ¿Alguien en su sano juicio piensa que, por ejemplo, la delegación del gobierno pudiese emitir una circular similar prohibiendo a la Guardia Civil o a la Policía denunciar los posibles delitos y la obligación de que se los comuniquen a la autoridad política para que decida si se denuncia o no en los juzgados y a quién se denuncia y a quién no?

CONCLUSIÓN: El gobierno debería explicarse. Y alguien debería pensar en presentar la dimisión.

Además, llueve sobre mojado en política medioambiental del ejecutivo. Véase también la crónica de la semana pasada: “El gobierno mantiene su apuesta por las macropocilgas a pesar de que son cuestionadas por el riesgo para la salud”.

HECHOS 2 (reiterados y ampliados los de la crónica del 17 de mayo): 20 de septiembre de 2017.La guardia civil detiene al equipo de Oriol Junqueras que organiza el referéndum ilegal del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

20 y 21 de septiembre de 2017. La Guardia Civil registra las dependencias de la sede central del departamento de Oriol Junqueras. Los tres vehículos de la Guardia Civil que han quedado parados en la calle son destrozados por los independentistas mientras los agentes actúan como policía judicial en la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda de la Generalitat, donde quedan retenidos por la multitud. Cinco agentes logran abandonar el edificio cercado por los manifestantes independentistas a las 3,20 horas protegidos por los mozos de escuadra. El resto no podrá abandonarlo hasta las 7 de la mañana.

20 de septiembre. 20,00 horas. Los policías nacionales logran abandonar, después de muchas horas, la sede de la CUP. Llegan a realizar disparos sin munición para evitar el ataque inminente a un furgón policial.

22 de septiembre de 2017. El vicepresidente del gobierno regional de Castilla-La Mancha se entrevista con Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y consejero de Economía y Hacienda para "poner de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos en la defensa de la democracia y las libertades".

23 de mayo de 2018. El portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana y dice “el Ejecutivo autonómico reconocerá a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con sendas medallas conmemorativas por su defensa de la convivencia y el orden constitucional. En ese empeño, y considerando el momento histórico en el que se encuentra el país, destacan su heroica y abnegada lucha contra el terrorismo y en pro de la unidad de España y del derecho a la autonomía”.

COMENTARIOS: Ya lo anticipamos en la crónica del 10 de mayo. Vienen elecciones. Y en esta tierra no se entiende y se critica con dureza el encuentro de los vicepresidentes de Cataluña y Castilla-La Mancha. El reconocimiento, siempre. Pero era muy necesario el 20, 21 y 22 de septiembre. El presidente de todos los castellano-manchegos tuvo en sus manos cesar a su vicepresidente, pero no lo hizo. Atentos al macroacto en defensa de la constitución y de la unidad de España que prepara el gobierno regional para finales de año. El presupuesto que se maneja da vértigo.

HECHOS 3: El último informe sobre el funcionamiento del Sistema Sanidad de Salud (referido al segundo semestre de 2017) vuelve a situar a Castilla-La Mancha como la segunda Comunidad con peor sanidad, con mayores plazos de atención a los ciudadanos en listas de espera.

A finales del mes de abril 27.171 pacientes superan los plazos máximos de atención de garantía sanitaria en Castilla-La Mancha, según los datos oficiales de la Junta de Comunidades. Cuando García-Page asumió el gobierno en 2015, el número era de 12.110. Cuatro antes, en junio de 2011 los pacientes en plazos máximos entre las tres listas de espera eran 14.543.

El gobierno regional del presidente García-Page presume de una buena sanidad y mantiene en su información oficial que ha aumentado las plantillas sanitarias, que están llevando a cabo un plan de renovación y mejora de los equipamientos de alta tecnología y que está mejorando las condiciones laborales de los profesionales.

CONCLUSIÓN: Se gobierna con muchos titulares y poca gestión. Los datos desmienten los relatos políticos

HECHOS 4: El Pleno de las Cortes Regionales aprueba la Ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36% del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla-La Mancha.

Un día antes de la aprobación, el portal de la dependencia publica los datos de la situación a finales de abril. Castilla-La Mancha tiene sin resolver 6.655 solicitudes de atención a la dependencia presentadas por ciudadanos de la Comunidad.

CONCLUSIÓN: Es una buena ley que presenta una duda relacionada con la gestión: ¿Quién va a tramitar los expedientes y solicitudes de la nueva ley? ¿La garantía dependerá de la burocracia?

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