Lo de Agricultura llama a la reflexión. Maneja 1.433 millones de euros y a la mitad de año sólo había reconocido obligaciones de pago por valor de 247 millones, poco más del 17%. Lo mismo sucede con el departamento que dirige Patricia Franco. De los 396 millones lleva reconocidas obligaciones de pago por 78 millones (no llega al 20%). En cambio Sanidad y Educación son los que gestionan con mayor ritmo. Tanto que lo de Sanidad le puede generar un agujero a las arcas autonómicas a fin de año, porque en junio se había gastado el 54% de los 2.711 millones de euros. Cada punto que se desvía alimenta el déficit en 27 millones de euros.
A final del primer semestre, la Junta tenía pendiente de pago 215 millones de euros, la mayor parte a beneficiarios de ayudas y subvenciones
En cuanto a los más morosos y los que antes cumplen sus obligaciones de pago, aquí hay dos perspectivas, la del dinero total que se debe y la del dinero que está pendiente de pago en función de las obligaciones reconocidas.
La deuda de Sanidad: 124 millones
Los que más deben en términos absolutos son Sanidad, que tiene pendiente de abonar 124 millones de euros y Fomento que adeuda 51 millones. La Presidencia del Gobierno debe 7 millones de euros.
Sin embargo en términos de porcentajes sobre las facturas presentadas, la listas de morosidad la encabeza la Consejería de Fomento, que adeuda el 36,63% de las obligaciones de pago reconocidas, y le sigue la Presidencia del Gobierno con un 16,15%. Sanidad pasa a tercera posición con un 8,46%
Pero cuánto debía el gobierno regional a final del primer semestre y a quién. El gobierno regional cerró los primeros seis meses con 215 millones en obligaciones reconocidas pendientes de pago, de los que 210 millones eran por actividades y servicios no financieros. La mayor parte de ese dinero lo adeuda a beneficiarios de subvenciones y ayudas, tanto corrientes como de capital y el resto a proveedores de obras y servicios.
En concreto, el gobierno había gastado 2.002 millones de los 4.615 en ayudas y subvenciones corrientes a empresas, corporaciones locales y familias e instituciones sin fin de lucro. De esos 2.002 millones, que el ejecutivo reconoce como obligación de pago, sólo había abonado 1.832 millones, teniendo pendiente 170 millones que es la principal cantidad de la deuda no financiera reflejada en presupuestos.
La otra gran cuantía son las ayudas a tercero asociadas a proyectos que suponen una inversión (es lo que se conoce en términos económicos como transferencias de capital). De los 505 millones de euros del presupuesto definitivo, al cierre del semestre se había gastado 97 millones, de los que tenía pendiente de pago 30 millones.
Los proveedores de bienes y servicios corrientes tienen pendiente de cobro facturas por 11 millones de euros con cargo al ejercicio actual y los proveedores de obras y servicios de inversión tienen pendientes de cobro 1,6 millones de euros.
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