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Las medidas del gobierno central que perjudican a los servicios públicos de Castilla-La Mancha
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(Foto: Congreso de los Diputados)

Las medidas del gobierno central que perjudican a los servicios públicos de Castilla-La Mancha

jueves 17 de enero de 2019, 21:12h
La democracia española debería copiar algo de la anglosajona. En Inglaterra, hemos visto esta semana cómo numerosos diputados conservadores han votado contra su gobierno en el acuerdo del Brexit, tema primordial para su país. Los diputados se posicionaban no sólo en función de sus criterios, sino del que consideran que es mayoritario en el distrito por el que son elegidos. Y la cosa tiene su aquel, porque esta semana hemos conocido detalles de los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez. En ese proyecto hay cuestiones que perjudican y mucho a Castilla-La Mancha.
La primera afecta a la infrafinanciación del sistema sanitario. El gobierno ha decidido acabar con el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas de menos de 18.000 euros. Pero ha empleado la técnica del “yo invito y tú pagas” y ha trasladado a las regiones la factura de la medida. Dando por sentado que la medida es socialmente muy conveniente, hay que reprochar al gobierno central que no la dote de dinero, lo que viene a lastrar aún más el sistema sanitario, porque en un sistema sujeto con tiritas habrá que dejar de pagar otra prioridad para pagar esta prioridad.

El gobierno mantiene infradotadas a la mayoría de las Comunidades Autónomas, que hacen mangas y capirotes para tratar de cubrir los servicios públicos con los fondos que tienen y recuperar, en la medida de lo que pueden, lo retrocedido en los años duros de la crisis. El gobierno central se niega a abordar un nuevo modelo de financiación y en particular el que afecta al sistema sanitario, es decir se niega a hablar de mandar más dinero a las regiones para mejorar la sanidad y el resto de servicios sociales. Y lo que les manda es más gasto. Sánchez parece que ha descubierto la pólvora. Para eso no hacía falta que hubiesen pasado tres años y medio, la medida la podían haber tomado los gobiernos socialistas en 2015.

Las regiones gobernadas por el PSOE entienden que la medida es conveniente pero en estos tres años y medio de legislatura no la han llevado a cabo porque carecen de los recursos necesarios. En esa situación se encuentra Castilla-La Mancha, que a lo más que llegó fue a acabar no con el copago, sino con el adelanto por los pensionistas en los pagos para luego tener que devolverles lo que hubieran pagado por encima de los topes establecidos. Ha habido otras medidas, como la de la recuperación de la sanidad universal, también sin financiación, que algunas Comunidades ya habían asumido por propia iniciativa años atrás, con independencia de su coste, entre ellas Castilla-La Mancha.

Y el gobierno central que tiene previsto incrementar los impuestos para dar cobertura a su agenda social y otra no tan social, dice que esta medida de acabar con el copago de los pensionistas con rentas bajas no la cubre, que la deben financiar las regiones y para ello la ministra de Sanidad les propone subir el impuesto de patrimonio un 1%. En el caso de Castilla-La Mancha eso supone 1,5 millones y la retirada del copago supone 15 millones, es decir 10 veces más. La ministra de Sanidad debería informarse con su compañera de Hacienda antes de decir semejante simpleza.

Castilla-La Mancha, con uno de los peores sistemas sanitarios de España necesita toda la financiación y más para tratar de recuperar el sistema asistencial, porque las consecuencias negativas del mal funcionamiento afectan a todos los ciudadanos y a su salud. Lo hemos visto esta misma semana con los datos oficiales de listas de espera asistenciales y con el informe del defensor del paciente sobre la sanidad regional.

La negativa de Sánchez a abordar un nuevo modelo de financiación que estrangula a la sanidad y al resto de servicios públicos de la región, se produce al mismo tiempo que se reúne bilateralmente con el gobierno de Cataluña para mejorar la financiación de esa Comunidad. Los catalanes, -con el tema de la independencia por medio- pusieron pie en pared y dijeron eso de que para que haya acuerdo y te mantenga en La Moncloa primero debe haber dinero y luego, y también, decisiones sobre lo de la autodeterminación y los presos del procés. Arrancaron más de 2.000 millones de euros adicionales en la financiación, un trato prioritario en la cobertura de su endeudamiento y un incremento notable de las inversiones del Estado en su Comunidad.

Esta misma semana, clm21.es publicaba que las inversiones en Cataluña equivalen a la suma de las que se harán en seis Comunidades Autónomas entre las que se encuentra Castilla-La Mancha. No parece que se gobierne con criterios sociales e igualitarios, sino territoriales y meramente de interés personal del presidente del gobierno, lo que lejos de cohesionar socialmente, divide y abre abismos entre los españoles que viven en una Comunidad y los que lo hacen en otra.

Así las cosas, a los diputados nacionales de Castilla-La Mancha, sean del partido que sean, les cabe dos opciones: o presentan y logran que se les aprueben enmiendas para que la Comunidad reciba los 15 millones de euros para costear el fin del copago farmacéutico de los pensionistas de menos de 18.000 euros anuales y presentan otras para garantizar un incremento de las inversiones en las infraestructuras en la Comunidad o votan en contra de los presupuestos. Y no es por una cuestión chovinista, sino de cohesión social y de coherencia política. Está muy bien decir de palabra que se defiende la igualdad, la cohesión y a Castilla-La Mancha y llegada la hora darle la espalda. Llegada es la hora de poner pie en pared. También les cabe la posibilidad de dimitir o, incluso, de ponerse enfermos el día de la votación.

Es cierto que con la salida de un régimen en el que estaban prohibidos los partidos políticos, los dirigentes dieron demasiada fuerza a las direcciones de las nuevas formaciones. Con el tiempo se ha ido abriendo el sistema dando entrada a los procesos de primarias, pero todavía quedan pendientes reformas como las listas abiertas al Congreso –de las que mucho se hablaron y nada se ha hecho- o las que consagren que los diputados no están sujetos a “mandatos imperativos de las direcciones”, como hemos visto que ha sucedido esta misma semana en el parlamento británico.
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