El coche eléctrico provocará un agujero fiscal superior a los 150 millones a Castilla-La Mancha

Las figuras fiscales que se ven afectadas por el impulso del coche eléctrico van desde el impuesto de matriculación, que está vinculado a las emisiones de CO2 y del que están exentos los vehículos eléctricos, hasta el “numerito” municipal, por el que en la mayoría de los ayuntamientos pagan menos este tipo de vehículos, pasando por la fiscalidad sobre la energía empleada: hidrocarburos o eléctrica. Además en la ecuación también cuenta el menor consumo de energía de los coches eléctricos, lo que repercute en una disminución de ingresos fiscales.

En el caso de las cuentas de la Comunidad Autónoma el impacto afectará a lo que recauda el gobierno de Castilla-La Mancha por el impuesto especial de hidrocarburos. En la actualidad y con el presupuesto prorrogado, Castilla-La Mancha ingresa 433,62 millones de euros anuales por este gravamen, que equivale al 58% de lo que recauda el Estado en nuestra Comunidad Autónoma por esta figura impositiva. Además la Comunidad ingresa el 50% del IVA del combustible consumido. De hecho, el impuesto sobre hidrocarburos en Castilla-La Mancha representa la cuarta partida de ingresos (la tercera netamente fiscal) tras el IVA, el IRPF y los fondos de garantía y equivale a casi el 6% del total de los ingresos de la Comunidad.

La mayor parte de este dinero procede del consumo de gasolina y gasóleo de los vehículos de transporte. En concreto en España, según el estudio señalado, suscrito por Sergio Sastre y Ignasi Puig, señala que el transporte por carretera consume más de 27.500 toneladas equivalentes de petróleo anuales en España. El impacto en las cuentas de la Comunidad sólo por el impuesto de hidrocarburos no bajaría de los 150 millones de euros.

La recaudación fiscal por el combustible equivale aproximadamente a 6,34 céntimos por kilómetro recorrido por los coches de gasolina y 4,16 por los de diesel. En el caso de la electricidad, el consumo depende del tipo de recarga si es rápida o lenta. En la primera el coste fiscal es de 3,35 céntimos y en la segunda 0,2 céntimos. En ambas modalidades se tiene en cuenta el IVA y los impuestos especiales. Castilla-La Mancha también ingresa parte del impuesto especial sobre el consumo eléctrico.

Así las cosas, la política de transición energética se cuela en el debate del modelo de financiación autonómico que tiene que abordar el gobierno de España que se constituya próximamente con los de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que debe establecer los recursos que aporta el Estado a las regiones españolas para que atiendan sus gastos, que fundamentalmente están ligados a servicios básicos, como la sanidad, la educación, la dependencia y servicios sociales generales y especiales.