Cuando estalló la primera crisis, la presión fiscal en España estaba por debajo del 32%, la deuda pública en el 47,2% y el déficit en el 4,39%. Cuando llegó la segunda el déficit (2007) estaba en el 1,89%la deuda pública en el 36,3% y la presión fiscal en el 37,1%. Ahora con la tercera, la presión fiscal está en máximos históricos, en el 39,3%, la deuda en el 95,5% y el déficit en el 2,8%.
En las dos crisis anteriores, el IVA fue la figura fiscal a la que recurrió el gobierno para obtener más ingresos con subidas de 4 puntos en la primera crisis y de cinco en la segunda
En las dos primeras crisis, el gobierno contaba con algunos activos como las participaciones en empresas. Cuando Aznar se hizo cargo del gobierno y tuvo que hacer frente a las consecuencias de la primera gran crisis terminó de privatizar Repsol, Argentaria, Telefónica, Gas Natural, Endesa y Tabacalera y así hasta un total de 50 empresas. El gobierno recaudó 30.000 millones de euros. Bajo el mandato de Felipe González se habían llevado a cabo algunas privatizaciones parciales de algunas de estas compañías y se habían realizado por completos otras como SEAT, ENASA (Iveco) o Viajes Marsans. Fueron cerca de 80 operaciones en total por las que el Estado ingresó 13.200 millones. El presidente Zapatero se propuso privatizar la gestión de los principales aeropuertos españoles y el 30% de Loterías del Estado. Valoraba los ingresos en 14.000 millones. Pero las operaciones o no se realizaron o resultaron fallidas y hubo que suspenderlas. A Rajoy le quedaba AENA. El Estado mantiene el 51% mientras privatizó el resto. Barajó una posible privatización de Correos, Paradores, Puertos del Estado y Loterías. El Estado, a través de la SEPI (Sociedad estatal de Participaciones Industriales) es mayoritaria en 15 compañías, entre ellas Navantia, Tragsa, Mercasa o Correos y participa en otras 9, entre ellas Alestis Aerospace (24,05%), Red Eléctrica (20%), Enresa (20%), Indra (18,71%), Hispasat (7,41%), IAG (2,52%) o Enagás (5%). Además, el Estado participa en otras compañías como Bankia (de las que el FROB posee el 61%) o en otras a través de diversos Ministerios.
En materia fiscal, esta semana el gobierno ha confirmado su hoja de ruta previa a la pandemia: subir IRPF y Sociedades y los especiales por los que más se recaudan (hidrocarburos), también a otros como el tabaco o a las casas de apuestas, armonizar Patrimonio y Sucesiones (subirlo en aquellas regiones que lo tienen bonificado), crear dos nuevas figuras: las denominadas tasas Tobin y Google y Podemos insiste en crear el impuesto a las grandes fortunas. El IVA no se menciona. En las crisis anteriores, se tocaron todos, pero especialmente el IVA, porque genera una amplia recaudación, de forma rápida y tiene menos efecto psicológico sobre la población. No es un ingreso progresivo, porque lo pagan todos los usuarios por igual, con independencia de la renta. De ahí que, en teoría, las formaciones de izquierda prefieran tocar otras figuras, pero en la práctica acudan a subirlo en aplicación de sus efectos en las arcas públicas, en la recaudación.
“La subida del IVA del 21% al 23% está descartada. El aumento del IVA no es la opción preferida de un Gobierno progresista sino impuestos progresivos que hagan que pague más quien más tiene. Ahí radica la grandeza de un país, en que todos seamos iguales". La frase es de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La pronunció en el programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER, el 28 de febrero de este año durante una entrevista que le hicieron con motivo de la celebración del Día de Andalucía, tierra de la que fue consejera de Hacienda. Sin embargo, es la figura fiscal que ha sufrido mayores subidas durante las crisis anteriores.
El 14 de diciembre de 2018, el gobierno concretó a la AIReF su encargo para que realizara un análisis de los beneficios fiscales dentro del gasto público español. El informe ya está casi concluido. Lo ha adelantado Invertia, quien recoge que España deja de recaudar 31.800 millones de euros por beneficios fiscales, de los que 18.000 se dejan de ingresar por los tipos reducidos de IVA.
En la actualidad el tipo general del IVA de España se encuentra ligeramente por debajo de la media europea, que es del 21,48%. Diez países lo tienen por debajo del 21%, otros 4 igual a España y el resto de los 27, lo tiene más alto.
La primera gran crisis
En el primer trimestre de 1991 la economía española empezó a dar señales de fatiga. Septiembre había cerrado con 2,47 millones de parados, el 15,9%. En los trimestres siguientes la cifra fue en aumento. Ni los periodos tradicionalmente buenos lograban frenar la tendencia. A finales de año la cifra ya se movía en los 2,72 millones y una tasa del 17,4%. Un año después, en diciembre de 2012 la tasa ya estaba en el 21,7% y el número de parados llegaba a los 3,41 millones. A finales del primer trimestre de 1993 se alcanzaban los 3,51 millones y la tasa era del 22,2%.
El jueves 13 de mayo de ese año se produjo el jueves negro. España devaluaba su moneda (la peseta por aquel entonces) por tercera vez en nueve meses. Las medidas para tratar de reforzar la moneda produjeron una sangría en las reservas y resultaron infructuosas. Oficialmente había estallado la primera de las tres grandes crisis. A finales de año el paro llegaba ya al 24,6% y rozaba los 4 millones (3.933.000). En el año el paro había aumentado en más de medio millón de personas.
En 1993 España sufría su mayor recesión de los últimos 30 años. El PIB cayó un 1%. Cayó la inversión, pero fundamentalmente cayó el consumo privado (-2,3%). Y los economistas coincidían en señalar la necesidad de recuperar el consumo para evitar ir a peores y conseguir salir.
Durante 1992, el gobierno de la fecha, dirigido por Felipe González acudió a dos subidas del tipo general del IVA. La primera del 12 al 13% y la segunda lo situó en el 15%. En un año el gravamen se incrementó un 25%. En 1993 se aplica por primera vez un tipo superreducido del 3% para productos que antes estaban exentos de IVA. En 1995 se produjo la cuarta subida. El superreducido pasa al 4%, el reducido escala del 6% al 7% y el general llega al 16%. Los tipos de IVA permanecerán inalterados hasta el estallido de la segunda gran crisis.
En diciembre se produce la modificación fiscal para 1994. Entre ellas aparecen las sociedades de inversión colectiva (SICAV), que deben tributar por sus beneficios desde la primera peseta (hasta entonces había un mínimo exento de medio millón), se bonifica al 95% el impuesto de sociedades para las empresas que se creen en 1994 con una plantilla superior a tres trabajadores e inferior a veinte y que invierta más de 15 millones en activos. Se incluyen algunas exenciones en el impuesto de patrimonio. En el Impuesto de Actividades Económicas se establecen reformas para que los ayuntamientos puedan aumentar o disminuir sus ingresos por esta figura.
Además, se adoptan determinadas medidas para reducir el gasto. En materia de función pública se adoptan varias decisiones, entre ellas las que facilitan la excedencia voluntaria, la jubilación anticipada incentivada o la cesación progresiva de actividades. Se endurecen las condiciones para cobrar la prestación por desempleo (debe demostrarse la involuntariedad en la situación de desempleo, se deben aceptar las ofertas que proporcione el servicio público y se debe participar en acciones formativas), se recortan las prestaciones y se endurecen las sanciones por infracciones en el sistema de desempleo.
En 1994 el PIB creció un 2,4% y un año después un 5%. Pero la economía crecía sin absorber el paro existente con la fuerza necesaria. En 1994 el paro se quedó en una tasa del 23,8%. La absorción fue poco menos de 100.000 parados y el número de desempleados era de 3,83 millones. 1995 cerró con 3,69 millones de parados y una tasa del 22,7%. Y mientras eso sucedía entre las clases activas, en las pasivas, la Seguridad Social entra en déficit. El gobierno saca de la seguridad social el gasto de sanidad para equilibrar el sistema y este pasa a financiarse vía impuestos. La medida no entraría en vigor hasta 1997
En 1995 el grupo catalán no apoya los presupuestos del gobierno para 1996 y el presidente convoca elecciones adelantadas. El PP gana por primera vez en España, con 156 escaños y con una diferencia de tan sólo 1,15 puntos sobre el PSOE. Se abre paso un nuevo modelo económico.
La segunda gran crisis
El nuevo presidente con el apoyo catalán es José María Aznar. Su gobierno privatiza las participaciones del Estado en grandes empresas españolas. Acelera una medida iniciada en el gobierno anterior y la desinversión del Estado es total en antiguos monopolios y empresas estratégicas. Impulsa un nuevo modelo económico de crecimiento rápido basado en el sector de la construcción con un fuerte tirón del empleo y en la generación de riqueza. La economía crece con rapidez. En marzo de 2000 el PP gana nuevamente con mayoría absoluta. En 1999 la economía española había crecido un 4,6% y el paro se había reducido y afectaba a 2,65 millones de personas (15,2%). El exceso de oferta de vivienda, el endeudamiento excesivo de los hogares y la falta de control de riesgos por partes de las entidades financieras formaron un cóctel explosivo que estalló con la crisis inmobiliaria y financiera de Estados Unidos y su arrastre al resto del mundo.
España cayó en la gran recesión entre 2008 y 2013 el PIB español cayó en 77.000 millones. El gobierno existente cuando el estallido, presidido por Rodríguez Zapatero, adoptó en 2009 una serie de medidas de reducción del gasto. Congeló las pensiones, redujo el salario a los funcionarios públicos, las inversiones públicas, las prestaciones por nacimiento y las ayudas al desarrollo. El recorte establecido para el periodo 2010-2011 fue de 15.000 millones de euros. En paralelo acudió a una nueva subida de impuestos para aumentar la recaudación y tratar de bajar el déficit público y evitar la intervención de España. La intención era disminuir las necesidades de financiación del 11,2% de 2009 al 6% en 2011.
En esa gran crisis el presidente anuncia en septiembre de 2009 que va “a pedir una parte de los ingresos a los ciudadanos que lo puedan dar para ejercer la solidaridad con los más desfavorecidos” y anuncia una subida fiscal del 1,5% del PIB, es decir de 15.000 millones. Habla de subidas “moderadas y temporales”. En 2010 el IVA reducido pasa de gravar los productos del 7% a hacerlo al 8% y el general sube del 16% al 18%. La subida no será temporal, tampoco la última.
En 2012 se ha producido el relevo en la Presidencia. Ahora es Mariano Rajoy el encargado de hacer frente a la crisis. Sube el IVA reducido del 8% al 10% y el general del 18% al 21%. Además lleva ajustes en el gasto público para cumplir con los compromisos como socio de la Unión y por las exigencias impuestas por el rescate recibido para salvar el sistema financiero español.
Para hacerse una idea de cómo se ha combatido en las diversas crisis desde el punto de vista fiscal, baste acudir a la presión fiscal existente en los diferentes años en nuestro país. En 1994 y 1995, cuando se luchaba para salir de la primera gran crisis, la carga fiscal en relación al PIB era del 32%. Aunque se produjo una ligera rebaja en 1996 (31,8%), la presión fiscal subió en España con los gobiernos de José María Aznar. En 2003, su último año completo como presidente, la tasa estaba en el 33,9%. En 2014 cuando España empezó a salir de la crisis, la tasa ya estaba en el 34,6% y en 2018 se alcanzó el 35,2%. A finales de 2019 PSOE y Podemos proponían medidas para elevar la presión fiscal hasta el 40%. Eso era para terminar de recuperar a España y a los servicios públicos del impacto de la segunda crisis económica.
Y ahora...
Unos meses después estallaba la tercera gran crisis, la mayor de todas ellas. El gobierno mantiene esa hoja de ruta prevista para ultimar la recuperación de la segunda crisis. Hasta la fecha el gobierno ha anunciado que en esta tercera gran crisis el arma decisiva será la deuda pública. En 1996 se situó en el 67,5% del PIB. Se fue rebajando hasta que en 2007 tocó el 36,3%. En 2010 era ya del 61,7%, en 2012 del 86%, en 2018 llegó al 100,7% y en 2019 se quedó en el 95,5%.
Las armas para esta tercera crisis están limitadas. El nivel de deuda está en máximos, no hay empresas que privatizar y la presión fiscal está en lo más alto desde el estallido de la primera.
Si (
No(
