A finales de mayo el gobierno de Castilla-La Mancha tenía una deuda no financiera de 220 millones de euros, que equivalían al 0,53% del PIB regional. De esa deuda, 84,64 millones eran con proveedores de bienes o servicios (0,20% del PIB).
El incumplimiento por dos meses consecutivos de la ley de morosidad habilitó al Ministerio a retener la financiación de la Comunidad para pagar a los proveedores
Los datos figuran en el informe “Plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las Comunidades Autónomas. Mayo 2018”, que ha elaborado la Intervención General del Estado a partir de los datos normalizados remitidos por las Comunidades.
La deuda no comercial, que recoge las facturas sin pagar y las ayudas pendientes de pago a empresas, organizaciones y municipios, es más reducida que la de hace un año. A finales de mayo de 2017 la deuda no comercial de Castilla-La Mancha ascendía a 274 millones, de los que 157 era en facturas de proveedores y el resto a beneficiarios de ayudas.
De los 84,64 millones en facturas sin pagar de finales de mayo que acumula el gobierno regional, 9,2 millones se arrastran de años anteriores (en su inmensa mayoría de 2017) y el resto corresponden a 2018. El año pasado las facturas arrastradas de ejercicios anteriores ascendían a 2,3 millones de euros, lo que revela que a finales de mayo el ejecutivo todavía seguía sin digerir el elevado volumen de facturas que dejó pendientes de pago en diciembre de 2017. En total cerró 2017 con 156,3 millones de facturas pendientes de pago a lo que se sumaban otros casi 90 millones de euros de beneficiarios de ayudas públicas y convenios.
En cuanto al periodo medio de pago y al margen de la rocambolesca información del gobierno regional, los datos revelan que tanto con el actual sistema, como el anterior (desechado por las dudas sobre su legalidad), Castilla-La Mancha tanto en abril y mayo (últimos datos oficiales referidos a todas las regiones españolas), pagó con más demora a sus proveedores que el conjunto de comunidades autónomas.
Con el nuevo sistema, Castilla-La Mancha incumplió el plazo establecido en la ley de morosidad de 30 días. El artículo 13 de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que en aquellos casos en los que el periodo máximo de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá actualizar su plan de tesorería incluyendo el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir su periodo medio de pago, así como el compromiso de adoptar medidas para reducirlo. Además, en los artículos 18, 20 y 25 se establecen una serie de medidas preventivas, correctivas y coercitivas para los casos en los que persista la situación en la que el periodo medio de pago a proveedores supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. Dentro del procedimiento previsto para la aplicación de dichas medidas se prevé que el Ministerio de Hacienda pueda iniciar el procedimiento de retención de los importes a satisfacer a la Comunidad Autónoma por los recursos de los regímenes de financiación, con el objeto de pagar directamente a los proveedores.
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