Los datos sobre la gestión económica del gobierno del presidente García-Page, en los que se incluyen los del Plan de Garantías, se conocían casualmente el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Ese mismo día, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) hacía público su informe sobre Castilla-La Mancha: 680.000 ciudadanos de los 2.040.000 que tiene la Comunidad están en riesgo de exclusión social (100.000 más que hace una década) y 90.000 están en situación severa. La tasa de pobreza severa es del 7,6%, ocho décimas por encima de la media nacional.
El considerado por el gobierno como principal motor en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Plan de Empleo, apenas sí se ha gestionado en un 20%
El Plan de Garantías nació como el principal instrumento para luchar desde la Junta contra esta situación hace tres años. Corre a cargo de cuatro de las siete Consejerías del Gobierno y del Instituto de la Mujer. Además se creó un cargo, con rango de consejera, cuya misión exclusiva es la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.
En este Plan de Garantías, según consta en la exposición de motivos de la ley de Presupuestos, “se agrupan las dotaciones presupuestarias destinadas a la lucha contra la exclusión social, que tienen por objeto garantizar a las personas más vulnerables el acceso a los recursos económicos y sociales mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad e igualdad. De este modo, en virtud de dicho plan se da cobertura económica a múltiples actuaciones como por ejemplo la garantía de suministros básicos del hogar, la renta garantizada, entre otras actuaciones garantistas en el ámbito de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda”.
El gobierno regional, a través de su portavoz destaca en este campo que “la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se redujo en 2017 en Castilla-La Mancha un diez por ciento respecto a 2016”. Para el gobierno “esta bajada se explica, principalmente, gracias al Plan de Empleo” y por otras medidas como “la puesta en marcha del Plan contra la Pobreza Energética, las oficinas anti-desahucio, el incremento del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la puesta en marcha del programa ‘Ningún mayor solo en Navidad’ o la gratuidad de los libros de texto y las becas de comedor.
Cuatro de las siete consejerías y el Instituto de la Mujer gestionan el programa de lucha contra la exclusión social dotado con 188,7 millones, que es coordinado por una consejera
Precisamente esas son las principales partidas del Plan de Garantías Ciudadanas. Unas partidas que arrojaban ese escaso balance de gestión a final de septiembre. De las 21 partidas que tienen el plan, seis están sin gestionar. De ellas tres son del programa de garantía habitacional. La partida con código 17.06.431A.48173, que son ayudas para organizaciones no gubernamentales y familias para oficinas anti-desahucios está dotada con 179.360 euros. No se ha gestionado ni pagado un solo euro. Tampoco se han gestionado los 2 millones para reparaciones en las viviendas sociales propiedad de la Junta ni los 800.000 euros de ayudas a los ayuntamientos para que inviertan en vivienda pública. Finalmente, de los 6,25 millones para transferir a la empresa pública Gestión de Infraestructuras para la construcción de viviendas, sólo se han pagado medio millón de euro, de unas obligaciones reconocidas de 4,7 millones.
El considerado por el gobierno como principal motor en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Plan de Empleo apenas si se ha gestionado en un 20%. Efectivamente aglutina el grueso de los fondos del Plan. Son 112 de los 188,8 millones de euros totales del Plan. A 30 de septiembre el gobierno había ejecutado sólo 23,4 millones de euros, a pesar de la caída de la ocupación en el primer semestre del año en 4.100 castellano-manchegos (un 24% más que en un año antes). El nivel de ejecución de la línea de Garantía de Rentas en materia laboral, estaba 11 puntos por debajo de la gestión global del programa.
En cuanto a la renta garantizada, el gobierno había abonado a finales de septiembre el 44% del dinero previsto, en concreto había gestionado y pagado 6,77 millones de los 15,4 previstos para todo el año.
Los mayores índices de gestión, en los que más dinero ha llegado a los beneficiarios son en el programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, que a final del tercer trimestre había gestionado el 75% de las ayudas a los ayuntamientos para este programa (6,7 de los 8,9 millones).
Aunque el Instituto de la Mujer es el departamento que mejor nivel de gestión lleva, es Educación el que, por la complejidad y número de ayudas, mejor ha gestionado los fondos de la línea de Garantía de Rentas en Educación. En concreto lleva pagados más del 50% de las dos líneas en las que actúa este departamento y que recogen las ayudas y becas para transporte escolar y comedor escolar; la admisión en residencias públicas, las ayudas para estancias formativas en el extranjero y las ayudas y becas a la escolarización: matrícula, libros de texto, material escolar, etc.
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