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Foto de archivo del vicepresidente, el presidente García-Page y el consejero de Hacienda.
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Foto de archivo del vicepresidente, el presidente García-Page y el consejero de Hacienda. (Foto: JCCM)

El gobierno contrae el gasto en servicios públicos, que crece menos que la inflación

  • El gasto crece un 1,4% cuando el gobierno había previsto que lo hiciera un 2,7% y los ingresos se incrementan un 1,82%, la mitad de lo previsto
  • Recorta en 88,5 millones las ayudas públicas respecto a 2017, a pesar de que había anunciado que las subiría en 100 millones

lunes 17 de diciembre de 2018, 21:19h
A finales de noviembre el gobierno regional estaba lejos de cumplir su objetivo de incrementar el gasto en servicios públicos en el 2,7%, que se había propuesto cuando elaboró su plan presupuestario para 2018. El gasto real ha crecido un 1,4%, por debajo incluso de lo que lo ha hecho la inflación, que cerró noviembre en el 2% en Castilla-La Mancha. Incluso, las partidas de ayudas y subvenciones a empresas, ayuntamientos, familias e instituciones sin fin de lucro no sólo no crecen en términos nominales sino que se reducen. En estas partidas se contemplan medidas como planes de empleo, rentas de inserción, ayudas a la dependencia y a la discapacidad, becas, alquiler…
En valores absolutos, a falta de un mes para terminar el año, el gobierno había gastado 6.001 millones de euros, que en términos nominales son 67,62 millones más que un año antes. El gobierno había adquirido el compromiso de aumentar el gasto durante este año en 203,5 millones de euros.

Los ingresos del gobierno regional también crecen por debajo de la inflación y se anotan a finales de noviembre una evolución interanual del 1,82%, hasta alcanzar los 5.987 millones de euros. Un porcentaje muy alejado del registrado un año antes, cuando los ingresos crecían a un ritmo del 9,1%. El gobierno había previsto que los ingresos no financieros crecieran en 2018 un 3,68% (259,3 millones de euros), lo que le ayudaría a cumplir el objetivo de déficit del 0,4% del PIB, aproximadamente 167 millones de euros.

Sin embargo el crecimiento de los ingresos menos de la mitad de lo que había contemplado el gobierno le ha llevado a aplicar una restricción del gasto en servicios públicos. Estos recortes de gastos dejan un déficit presupuestario de 14,35 millones de euros. Un año antes el déficit era de 53,97 millones. La reducción del déficit se hace a costa de recortar las ayudas públicas concedidas y reconocidas tanto para gasto corriente como para gasto de inversión.

En concreto, las ayudas para gasto corriente se han reducido respecto al año pasado en 88,5 millones de euros, un 4,76%, cuando el gobierno había anunciado que este año crecerían en 100 millones de euros. Con estas ayudas se cubren servicios sociales prestados por ayuntamientos o por organizaciones no gubernamentales, y gastos corrientes de empresas y explotaciones para estimular algunas políticas como la investigación, nuevas tecnologías, contratación y empleo, vivienda, agricultura y ganadería. A 30 de noviembre, el gobierno se ha gastado 1.771 millones de los 2.448 millones previstos. Un año antes el gasto ascendía a 1.860 millones de euros.

Otra línea de ayudas, las destinadas a la inversión en obras y equipamientos sociales o empresariales y de explotaciones también se han reducido en un 2,97%. Ascienden a 158 millones de euros, cinco millones menos que hace un año.

Esta reducción en ayudas públicas se produce a pesar de que en los gastos financieros (intereses de deuda y los derivados de formalizaciones de nuevos créditos), el gobierno lleva ahorrados 33 millones de euros gracias a un mejor comportamiento de las condiciones crediticias.

Sin embargo, el gobierno lleva gastados 60 millones de euros más que hace un año en la adquisición de bienes y servicios (6,19%). En este capítulos se encuadran los suministros (agua, luz, material, telefonía, postales…), los servicios de seguridad, limpieza, publicidad, reuniones, estudios y servicios profesionales independientes. También se incluyen algunos servicios como las derivaciones sanitarias o los gastos de funcionamiento de centros docentes.
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