El socialismo español mira a García-Page

El martes el diario La Razón titulaba “Alarma electoral en Ferraz”. Y decía: “Una demoledora encuesta interna realizada tras la debacle andaluza apunta a que los socialistas sólo podrán mantener el poder en Castilla-La Mancha a partir de mayo”. La firma un periodista con buenas relaciones y amistades en el PP castellano-manchego, Antonio Martín Beaumont.

La deriva catalana le pasa factura al socialismo español. Y eso era antes de que las cosas fueran a más, como ha ocurrido esta misma semana. Y la política económica también pasa factura aún antes de que se hayan aprobado los primeros presupuestos.

El mismo martes el gobierno del Reino de España acordó con el gobierno independentista Cataluña nombrar un mediador (relator, notario, fedatario, en términos acuñados para la venta política). Sobre la mesa los 21 puntos para negociar, incluido el derecho de autodeterminación y la libertad de los políticos que lideraron el proceso de proclamación de la República Independiente de Cataluña. La decisión, tanto por el fondo como por las formas, soliviantaba a los barones socialistas, entre ellos y particularmente al presidente castellano-manchego, García-Page. El miércoles y con la tormenta que había levantado la medida, la vicepresidenta Carmen Calvo -que acierta cuando calla- se tuvo que emplear a fondo para tratar de explicar la decisión del gobierno y lo hacía con un sinfín de contradicciones, que lejos de calmar soliviantaban aún más.

El hecho de buscar un término para vender la operación demuestra, de salida, que el gobierno sabía que la medida no iba a ser bien acogida por su electorado todavía fiel. Segundo: La operación evidenciaba la debilidad del gobierno. Tercero: Transmitía que el gobierno se aferraba a los presupuestos para no ir a las urnas. Y todo ello con la unidad territorial de España encima de la mesa de la negociación. El pánico recorrió las filas socialistas, cuyos barones no fueron informados de la decisión adoptada. El cabreo de la familia socialista es descomunal. Y ahora se está a la espera de cómo se cataliza ese cabreo.

El mismo martes, Esquerra Republicana de Cataluña -miembro del gobierno independentista- presentaba una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Pedro Sánchez y pedía al gobierno que instara a la fiscalía para que los políticos que protagonizaron la ruptura pudieran quedar en libertad. La enmienda llegaba a pesar de que Cataluña es la región primada en los presupuestos, con financiación adicional extraordinaria y encabezando las inversiones del Estado.

La derivada económica

El lunes, un día antes, se conocieron los datos del paro que en términos económicos eran la verdadera enmienda a la totalidad a la política del presidente Sánchez. Los sectores productivos empiezan a descontar los efectos del presupuesto en la economía. Ese mismo día, los empresarios, que son los que contratan, apuntaban en una dirección. Dejaban ver que una de las causas del peor enero en muchos años estaría en la subida brusca del Salario Mínimo Interprofesional y no en tramos como habían pactado antes los agentes sociales (sindicatos y empresarios), y en el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Era una opinión en línea con lo adelantado la semana anterior por el Banco de España, la AIReF y los servicios de estudios sobre el impacto que iba a tener la subida brusca del SMI en la pérdida de empleo. Un impacto que se unía a la falta de credibilidad y solvencia ya denunciada de los presupuestos presentados por el gobierno.

No habían pasado ni 24 horas de los datos del paro cuando la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, se posicionaba en contra de la cotización de los becarios universitarios a la Seguridad Social. La cosa no tendría más importancia si no fuera porque esa medida había nacido en el propio gobierno, quien anunció que las prácticas cotizarían y que los costes se repartirían entre la universidad y la empresa. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, a través de su presidente, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, se posicionó contra la medida por el elevado coste y porque terminaría por acabar con las prácticas a los estudiantes. El gobierno trasladó entonces la carga únicamente a los empresarios. Y los empresarios también anticiparon que la medida lastraría las prácticas universitarias. Sin embargo, contó con el apoyo de los sindicatos, que ven que el sistema vigente posibilita la contratación precaria.

La cotización de las prácticas y becas empresariales, lejos de contabilizar para la creación de empleo y servir para alimentar el sistema de pensiones, como había pensado inicialmente el gobierno, abría la puerta a que numerosos estudiantes en lugar de hacer prácticas se apuntaran al paro y crecieran las cifras de desempleo. Mejor rectificar y hacerlo una vez más. Ya había pasado en este Ministerio, que dirige la exconsejera castellano-manchega Magdalena Valerio, con el tema de la cotización de los autónomos.

El juicio a los independentistas, plataforma de Vox

En ese escenario, el juicio contra los políticos que auspiciaron las leyes de ruptura de Cataluña con España daba sus primeros pasos. Y el juicio -ya lo escribimos semanas atrás- va a ser determinante en el panorama político y no sólo para las fuerzas independentistas. El proceso va a ser un escaparate para Vox, cuyo secretario general, Javier Ortega Smith, ejerce la acusación particular. El tribunal va a ser el mejor escenario para la formación ultraconservadora que, en términos electorales, va contar con una audiencia extraordinaria y que le puede pegar un nuevo impulso a sus expectativas de voto para los próximos comicios. Por la misma razón, se va a dar la paradoja que los impulsores y gestores del 155, los miembros del anterior gobierno, entre ellos Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, van a quedar a merced de las partes para los interrogatorios. La situación, desde el punto de vista electoral, no gusta en la calle Génova.