El miedo a volver a la economía de la era Zapatero

Moralmente nadie puede negarse a que se rebaje la edad para que los parados de larga duración empiecen a cobrar el subsidio a los 52 años en lugar de a los 55. También por la misma razón alguien podía preguntarse que por qué no bajarlo a partir de los 50. Nadie debería cuestionar moralmente que a los pensionistas con rentas más bajas se les suprima el copago farmacéutico. Nadie moralmente puede cuestionarse que haya más número de maestros y profesores, que se reduzcan las ratios de alumnos por aula. Nadie puede cuestionarse moralmente que se hagan más ofertas públicas de empleo para contratar a más servidores públicos, que trabajen en la prestación de servicios a los ciudadanos, ya sean sociales, educativos, sanitarios o medioambientales. Nadie moralmente puede cuestionar más dinero para políticas de inclusión, de dependencia o de igualdad. Entre la demanda de las Comunidades Autónomas sobre infrafinanciación y las políticas anunciadas por el actual gobierno en funciones, la factura se eleva a más de 25.000 millones de euros anuales.

La cuestión es cómo se paga todo esa ingente cantidad de dinero. Si se hace aumentando la actividad económica, más riqueza, más empleo, más crecimiento y más ingresos sin necesidad de tocar los impuestos o, por el contrario se aumenta la presión fiscal con independencia del estado de la economía y a riesgo de lastrar el crecimiento, el empleo y la generación de riqueza. A la par que en ambos casos se pueda buscar un nuevo modelo de gestión fiscal y de gestión social.

La vena de justicia social es consustancial al ser humano. Pero muchas batallas en nombre de la justicia social han terminado por aumentar las brechas sociales. El equilibrio es difícil y ese es el que nos deben explicar los candidatos más allá de frases hechas: “Que paguen los ricos”, de unos a “Vamos a bajar los impuestos” de otros. Todo ello sazonado de un rosario de anuncios de mercadillo electoral, a ver quién da más.

Así es de agradecer que Hugo Morán, el secretario de Medio Ambiente y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, haya destapado una medida que se había tratado de ocultar y es que los ciudadanos, los autónomos no transportistas, verán cómo se incrementan los costes de los combustibles por una mayor presión fiscal. Dicen que es para contaminar menos. Cuando a corto plazo se va a contaminar igual, pero eso le va a permitir al gobierno recaudar sólo por el diésel 600 millones de euros al año, a los que habrá que sumar otro tanto en el caso de que se amplíe la medida a las gasolinas como anuncia Hugo Morán. Será un mayor coste para los autónomos que necesiten del vehículo para su trabajo y un mayor coste para los ciudadanos que en lugar de destinar ese dinero a otros gastos de consumo lo tendrán que destinar a impuestos. La medida nada tiene que ver con el nivel de renta, con ricos y pobres. Y el gobierno debería determinar ese impacto en el consumo, máxime en un periodo en el que el crecimiento de la economía se apoya en la demanda interna (es decir, en el consumo de las familias) tras la desaceleración de las exportaciones, de la inversión extranjera y del turismo.

Ya sabemos que los números de la economía de Zapatero, y la ola internacional nos llevó a una crisis de la que todavía no hemos salido y que ha cambiado a peor la vida a millones de españoles. Cuando hablamos de déficit público, de deuda acumulada, de sostenibilidad financiera, de estabilidad presupuestaria, no hacemos sino referirnos a términos que han cobrado vigencia y preeminencia con la recesión.

Esta semana el gobierno regional ha filtrado que en 2018 la Comunidad por fin ha cumplido el objetivo de déficit y de deuda. Era algo que hace 10 años estaba fuera del calendario. Pero la cosa tiene su aquel, porque la deuda es de 15.000 millones y genera más gasto en intereses que en ayudas a la dependencia. La letra pequeña del ajuste –porque para cumplir el déficit el gobierno regional elaboró y presentó un plan de ajuste de gastos al Ministerio- está por saberse. Será cuando la Intervención del Estado empiece a hacer públicos los datos de de gestión presupuestaria que permitirán conocer qué sacrificios han tenido que hacer los ciudadanos para que el gobierno cumpla con los objetivos de déficit y de deuda y que se implantaron como consecuencia de la crisis y que en la práctica suponen los recortes en los servicios públicos para evitar la bancarrota.

Y al tiempo que se conocía esta primer titular del saneamiento limitado de las finanzas públicas, se han publicado otros datos sobre la evolución de la economía, que pueden consultarse en nuestra sección “claves”: “La entrada de pedidos en la industria regional cae en enero un 29,1% y los ingresos un 2,3%”, “El sector turístico regional que empezó a dar muestra de fatiga al cierre de 2018, con la peor evolución en el número de visitantes desde 2015 (2,78%) y con un estancamiento de las pernoctaciones (3,5%), mantiene un pulso bajo en los dos primeros meses del año”, “Las exportaciones crecen a menor ritmo que el año pasado”. Caen las cifras de negocios (8,1%) y la ocupación (1,4%) en el sector regional de servicios”. Todos los datos indican que el crecimiento económico va más despacio que el de años atrás, lo que traducido a la práctica es que se genera menos riqueza, menos empleo, que los salarios crecen menos (en el caso de Castilla-La Mancha el último año el salario medio se redujo desde los 1.820,2 euros de 2017 a los 1.789,52 euros de 2018) y la contribución vía impuestos al sector público también se desacelera.