Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 21 de noviembre de 2017

Durante el último año han salido del sistema de protección de la dependencia de Castilla-La Mancha 1.342 personas. Los datos oficiales revelan que, en la actualidad, la Junta de Comunidades tiene reconocidos a 63.243 dependientes con derecho a ser atendidos por el sistema público, frente a los 64.585 que había hace un año. Además de esos 63.243 castellano-manchegos con derechos a los servicios públicos de atención, 12.310 no reciben ningún tipo de prestación y están en lista de espera.

“El valor de las exportaciones aumentó en 13 comunidades autónomas y se redujo en el resto. La comunidad que experimentó un mayor incremento interanual de las exportaciones en septiembre fue Baleares (85,8%), seguida por Andalucía (35,2%) y el Principado de Asturias (31,0%). En cambio, los mayores descensos interanuales se registraron en la Comunidad Foral de Navarra (-19,0%), la Comunidad de Madrid (-1,8%) y Castilla-La Mancha (-0,4%)”. Esta es la principal conclusión del Informe de Comercio Exterior del mes de septiembre en su análisis por Comunidades Autónomas.

El sindicato mayoritario en la UCLM, CSIF, ha emitido un comunicado en el que sale al paso de la propuesta del gobierno de vincular la financiación de parte de las nóminas de los empleados de la Universidad a un contrato programa, rechaza el plan de ajuste propuesto por la institución y critica duramente las declaraciones del portavoz del ejecutivo en las que se cuestionaba la existencia de un agujero económico en la Universidad, y las califica de “irresponsables” y de producir “un daño irreversible a la institución académica”.

Miles de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se han manifestado este martes para solicitar al Gobierno regional una financiación adecuada para la institución académica. Las marchas se han producido tras los recortes aplicados por el gobierno regional a la financiación de la Universidad, lo que aboca al Consejo de Dirección a aplicar un plan de ajuste con recortes de plantillas, becas y proyectos de investigación. Las cifras de asistentes a las marchas varían según las fuentes. Los organizadores hablan de 10.000 personas, la delegación de gobierno de 4.000.

A falta de dos meses para finalizar el año el gobierno regional tenía sin gastar 4 de cada 10 euros del Plan de Garantías Ciudadanas que contempla una serie de medidas integrales y de urgencia contra la pobreza. Este programa afecta a cuatro consejerías: Fomento, Educación, Economía y Bienestar Social, y al Instituto de la Mujer. Todos estos departamentos están coordinados por una consejera cuya única misión es la de organizar y armonizar su desarrollo.