Mientras que en España las facturas sin pagar por parte de la Administración supera los 83.500 millones de euros (+13%) según publicaba recientemente el diario Abc que informaba de que “el sector público ahoga al privado”, Castilla-La Mancha ha logrado sanear sus finanzas y rebajar la deuda comercial a mínimos históricos al tiempo que ha reducido el periodo de abono de facturas al plazo más reducido de los últimos años. A finales de diciembre la deuda con proveedores se situaba en 123 millones de euros (-56,7%), de los que en enero (un mal mes para las tesorerías de las administraciones públicas) ya sólo tenía pendientes de pagar 31 y mes a mes rebajaba el periodo medio de pago hasta dejarlo en 18,45 días de media en febrero. Además, el gobierno autonómico cerraba 2020 con un superávit de 159 millones. El conjunto del sector autonómico ha rebajado el volumen de facturas pendientes de pago en casi 2.000 millones de euros, un 29,5% y ha reducido su déficit, de 7.105 millones a 2.306 (-67,5%)

El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha alcanzado un acuerdo con CSIF, CCOO, UGT y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), que permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial. En Castilla-la Mancha hay 17.300 personas que trabajan en el sector público estatal, de los que 6.300 son de la administración, que son los susceptibles de este nuevo sistema de trabajo, otros 2.375 de Justicia y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no están incluidos en el acuerdo.