16 de octubre de 2021, 17:44:51
CLAVES


El Covid paraliza las ejecuciones hipotecarias y da un respiro al sector tras las fuertes subidas de 2019

Por A.C. Muñoz y F. Calero

Castilla-La Mancha cerró 2019 con las ejecuciones hipotecarias al nivel de 2015, con un crecimiento exponencial alimentado por la sospecha de una futura desaceleración económica. El panorama era similar a nivel nacional. Seis meses después de cerrar el ejercicio, la situación, el mundo, la normalidad, han cambiado drásticamente. La declaración del Estado de Alarma con motivo de la pandemia de Covid-19 ha paralizado (o aplazado, según se vea) ciertos procedimientos por razones sociales y humanitarias, entre ellos las ejecuciones hipotecarias y los embargos, y el futuro es si cabe más incierto.


En total fueron 3.271 ejecuciones sobre fincas las ejecutadas en la región el año pasado en Castilla-La Mancha, un 15% más que el año anterior. 1.714 de esas ejecuciones hipotecarias fueron sobre viviendas.

Ya en el primer trimestre del año pasado, en un panorama de inestabilidad política y anuncios de desaceleración económica en la era pre-Covid, el número de ejecuciones hipotecarias en la región se disparó, y aunque los meses de verano marcaron un respiro, en el tercer trimestre ya se rozaban las cifras de ejecuciones registradas en todo 2018.

En toda España fueron 57.787 las ejecuciones hipotecarias efectuadas durante el año 2019, 27.488 sobre viviendas. Supone un incremento interanual del 3,7% en el grueso de ejecuciones y del 4,7% en las ejecuciones de vivienda.

La pandemia pisa el freno de las ejecuciones hipotecarias

Ahora, en 2020, en el año de la pandemia de coronavirus que ha paralizado el mundo durante meses y amenaza la estabilidad económica de todos los hogares, la ejecución hipotecaria se ha visto frenada drásticamente.

Los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística señalan que, en el primer semestre del año, el número de ejecuciones hipotecarias efectuadas sobre fincas en Castilla-La Mancha se ha reducido en un 58% con respecto al mismo periodo de 2019.

En total fueron 457 las ejecuciones sobre viviendas en el primer semestre, un 55% menos en términos interanuales.

Este descenso drástico se debe en parte a que entre los meses de abril y junio no se produjeron ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales debido a las provisiones del Estado de Alarma.

Entre enero y junio las Comunidades Autónomas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron la Comunidad Valenciana (1.339), Cataluña (957) y Murcia (888). Por su parte Navarra (15), País Vasco (26) y Extremadura (52) registraron el menor número.

En el caso de viviendas, la Comunidad Valenciana (816), Cataluña (496) y Andalucía (466) presentaron el mayor número de ejecuciones. Los menores se dieron en Navarra y Extremadura (ambas 13) y La Rioja (15).

Desalojos voluntarios y desalojos forzosos

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

El objetivo principal de la estadística sobre ejecuciones hipotecarias que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios.

Pese a que comúnmente se confunden los términos desahucio y lanzamiento, el primero se refiere a la acción de resolución por la cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes de un inmueble lo desalojan voluntariamente o mediante orden judicial; mientras que el lanzamiento supone el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble y la entrega de su posesión. Los lanzamientos pueden ser consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos o pueden deberse a otras causas, como la ocupación ilegal de un inmueble.
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