16 de octubre de 2021, 17:31:08
CLAVES


Las ejecuciones hipotecarias se desploman en CLM en el tercer trimestre y se disparan en conjunto del país

Por A.C. Muñoz y F. Calero

El tercer trimestre se saldó en Castilla-La Mancha con el número más bajo de ejecuciones hipotecarias inscritas en los registros de la propiedad desde que existen registros (primer trimestre de 2014). Si 2019 cerró con una tendencia al alza en las ejecuciones hipotecarias debido a la ralentización de la economía pre-Covid, los nueve primeros meses de 2020 apuntan a una paralización parcial de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y fincas rústicas.


Hace justo una semana el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Unidad Podemos, Pablo Iglesias, anunció la “aprobación inminente” de un decreto para frenar los desahucios. Una medida que ha generado no pocas desavenencias dentro del gobierno PSOE-Podemos en la negociación de los Presupuestos Generales para 2021 tras presentar la formación de Iglesias dos enmiendas a sus propios presupuestos, (que ya estaban negociados con sus socios de gobierno) exigiendo la prohibición de estos desahucios y el corte de los suministros básicos hasta el 31 de diciembre de 2022, todo ello en connivencia con los partidos independentistas de Cataluña y País Vaco, ERC y EH-Bildu.

Cabe recordar, como ya señaló la ministra Montero a su vicepresidente segundo, que actualmente está vigente el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se paralizan los desahucios de personas o colectivos en riesgo de vulnerabilidad durante seis meses, medida que fue prorrogada hasta el 1 enero de 2021 con el el Real Decreto-ley de ampliación de los ERTE.

A resultas de las medidas adoptadas por el gobierno Central dentro del paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a las repercusiones de la pandemia, en los nueve primeros meses del año en Castilla-La Mancha sólo se han registrado 598 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, 141 en el tercer trimestre, mientras que en 2019 la suma de los tres primeros trimestres era de 1.305 ejecuciones, 289 de ellas entre julio y septiembre. Se produce en el tercer trimestre de 2020 un descenso del 51% anual.

Sin embargo, si ampliamos el objetivo a todo el país, las inscripciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de personas físicas aumentan un 70,7% en tasa anual.

Las Comunidades Autónomas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre son Andalucía (1.734), Comunidad Valenciana (1.622) y Cataluña (1.491). Por su parte, Navarra (21), País Vasco (29) y Baleares (58) registran el menor número.

En el caso de viviendas, la Comunidad Valenciana (1.052), Andalucía (931) y Cataluña (842) presentan el mayor número de ejecuciones. Los menores se dan en Navarra (11), País Vasco (18) y La Rioja (32).


Desalojos voluntarios y desalojos forzosos

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

El objetivo principal de la estadística sobre ejecuciones hipotecarias que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios.

Pese a que comúnmente se confunden los términos desahucio y lanzamiento, el primero se refiere a la acción de resolución por la cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes de un inmueble lo desalojan voluntariamente o mediante orden judicial; mientras que el lanzamiento supone el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble y la entrega de su posesión. Los lanzamientos pueden ser consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos o pueden deberse a otras causas, como la ocupación ilegal de un inmueble.
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