Los autores del informe (Manuel Díaz, de FEDEA, Carmen Marín, de FEDEA y Diego Martínez de la Universidad Pablo Olavide y FEDEA), consideran que las Comunidades Autónomas. deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar. Como todas las administraciones, han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, puede dañar la sostenibilidad de sus finanzas.
Una de los planteamientos que se ha puesto sobre la mesa por las fuerzas independentistas catalanas de cara a la negociación de la investidura, en la que pueden resultar decisivas es una quita total e la deuda de Cataluña, que asciende a 71.306 millones de euros (datos de cierre de 2022), en un escenario en el que la deuda de las Comunidades con el estado por el Fondo de Liquidez Autonómica asciende a 185.779 millones, si bien hay regiones que no tienen esa deuda con el Estado porque se han financiado directamente en los mercados al tener mayor solvencia financiera, derivada de una mejor gestión de ingresos y gastos, como es el caso de Madrid. Otras regiones, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha tuvieron que acudir al sistema de rescate ideado por el gobierno de Rajoy tras la crisis de 2008 para poder financiarse tras la fuerte caída de ingresos.
La quita de la deuda, de forma parcial, que no total, ya se había planteado años atrás durante el debate de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. El actual modelo contemplado para el periodo 2009-2013 está prorrogado desde 2014 sin que los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hayan abierto la negociación para establecer nuevo sistema.