En concreto, al cierre de septiembre el PMP de Castilla-La Mancha era de 35,44 días y en el caso de las facturas con proveedores sanitarios, los de mayor volumen, llegaban a 38,85 días. Así las cosas, el gobierno echó el cierre al gasto a partir de la primera semana de octubre, evitando que los departamentos del gobierno regional pudieran presentar expedientes que implicasen la aprobación de gastos imputables a 2023. Con esta medida, el ejecutivo evitaba nuevas contrataciones y convocatorias de subvenciones y ayudas con casi tres meses y medio de anticipación a la fecha de fin del ejercicio contable. Además, a mediados de ese mes prohibió que se pudieran dar nuevos compromisos de gasto.
A pesar de estas medidas, los compromisos adquiridos con anterioridad y la situación de la tesorería impactaban nuevamente en el Periodo Medio de Pago, que a finales de octubre escalaba a los 39,3 días, con el SESCAM llegando a los 44,88. Ambos son registros que el ejecutivo había desterrado hace años.
Las transferencias de fondos del gobierno regional a otras administraciones (-73,8%) son las principales afectadas en la reducción del gasto por parte del gobierno regional, que ha visto, en cambio, cómo los intereses por su endeudamiento se han disparado un 70,6% y cómo la principal partida del gasto, la de la nómina de empleados públicos, que representa más del 50% del total ha crecido un 5,7%.
La deuda comercial de la Junta está en 227 millones de euros, de los que la mayor parte 201 son imputables a Sanidad. Ambas son las mayores de los últimos años y evidencian los desequilibrios estructurales de las cuentas públicas regionales, debido fundamentalmente al actual modelo de financiación, que lleva diez años prorrogado sin que el gobierno central haya abordado la negociación y aprobación de un nuevo sistema.
Con todo, la actual correlación de fuerzas políticas a nivel nacional y los pactos del gobierno con los nacionalistas en materia económica (condonación de deuda, negociación bilateral y posible creación del cupo catalán) y la recuperación de las reglas fiscales por la Unión Europea (límite del déficit en el 3% y de la deuda en el 60%) anticipan una mayor dificultad para la renovación del modelo de financiación y la existencia de recursos financieros suficientes y adecuados.