Carlos Marín ha destacado, asimismo, que cuando todo el tiempo se habla de la llamada España vaciada y el espacio rural, se haya desatendido la petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, que no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI y cómo están sufriendo los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo, etc., “se pueden cerrar empresas o no abrir negocios en nuestra zona, con este tipo de acuerdos que se hacen de forma unilateral; no conocen el día a día de estas pequeñas empresas”.
Es una vez más una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya se percibe en la economía, en los mercados y en los inversores.
Esta Federación se suma a lo comunicado por CEOE y CEPYME, que lamentan profundamente el escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024.
Las empresas españolas han sido las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
FECR CEOE-CEPYME señala que la legislación laboral debe modificarse en base a criterios técnicos y económicos, sobre los que puede existir un cierto margen para la discrecionalidad. Lo que en ningún caso es admisible es buscar rédito electoral a través de modificaciones legislativas que surgen de la arbitrariedad política.
El Ministerio de Trabajo debe mantener la equidistancia entre todas las partes, no puede ser un aliado permanente de los sindicatos frente a los representantes de los empresarios, cuyas propuestas ignora de forma permanente, como puede ser ahora con la negociación de la jornada laboral, ya que no existe ningún argumento técnico que justifique esta decisión.