Como primer punto del orden del día, se ha desarrollado un debate general sobre competitividad empresarial por acumulación de dos iniciativas parlamentarias de PP y PSOE, que ha contado con la intervención de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y sobre el que se ha aprobado con los votos de los proponentes y en contra de la oposición, la resolución socialista al mismo.
En esta materia, las Cortes valoran la nueva edición del Plan Adelante, “en la que se está trabajando y cuya dotación económica ascenderá a 400 millones de euros de 2024 a 2027” y cuyo objetivo será “llegar al mayor número de empresas posibles”. En este ámbito, la resolución ha subrayado la senda “del diálogo con los agentes sociales como generador de confianza y seguridad, del acompañamiento al tejido empresarial hacia la internalización y del apoyo a las empresas en el fomento de la innovación y desarrollo industrial”.
Simplificación administrativa y política agraria
A continuación, ha tenido lugar el segundo debate general sobre racionalización administrativa y simplificación, que aunaba dos interpelaciones presentadas por Vox y por PSOE, en el que ha comparecido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz.
En la resolución propuesta por el PSOE y que ha salido adelante con los votos a favor de sus 17 diputados, la abstención de los 16 parlamentarios del PP y 4 votos en contra de Vox, las Cortes convienen “la necesidad de seguir simplificando procedimientos administrativos para facilitar la implantación de nuevas empresas en la región”, en referencia a la futura Ley de Simplificación Administrativa, así como de “impulsar la Administración Electrónica como instrumento ágil y eficaz de las relaciones entre ciudadanos y el Gobierno” y “profundizar en la formación digital y tecnológica”.
El texto aprobado “se hace eco de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos castellanomanchegos respecto de la reducción y eliminación de trabas burocráticas en la actividad agrícola y ganadera, especialmente en lo relativo a la aplicación del Cuaderno de Explotación Digital”.
En lo relativo al debate general sobre política agraria, que aunaba dos iniciativas parlamentarias de PSOE y PP, la resolución de las Cortes aprobada con los votos socialistas y en contra de la oposición apoya las aportaciones del Gobierno regional sobre flexibilización de la PAC y le instan “a mantener el diálogo con el sector primario, reducir la burocracia, articular las partidas presupuestarias para atender todas las solicitudes de subvenciones para la contratación de seguros agrarios y apoyar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo”.
Asimismo, el Parlamento pide al Gobierno de España que “refuerce la Ley de Cadena Alimentaria, acometa modificaciones para que los seguros agrarios atiendan a las necesidades reales de agricultores, pida a la Comisión Europea la aplicación de cláusulas espejo y retrase la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital a 2027”. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, ha intervenido en este punto en el turno del Gobierno.
Las resoluciones a los debates presentadas por los grupos PP y Vox, respectivamente, no han prosperado en las votaciones.
Control al Gobierno
El Consejo de Gobierno ha respondido a tres preguntas orales incluidas en el orden del día, relativas a pediatría en el centro médico de Fontanar y valoración del Grado de Discapacidad en Castilla-La Mancha, presentadas por el PP, y sobre la viabilidad del campo castellanomanchego, planteada por Vox. Para dar respuesta a estas cuestiones han intervenido los titulares de las Consejerías de Sanidad, Jesús Fernández; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Bienestar Social, Bárbara García.