Esta promoción de viviendas se llevará a cabo a través de un modelo de colaboración público-privada en el que la Administración regional cederá suelo público y ofrecerá ayudas a la construcción de hasta 50.000 euros por vivienda. El presupuesto total será de 11,3 millones de euros, de los que 4,3 millones procederán de los fondos europeos Next Generation, mientras que los siete millones restantes serán aportación de la empresa adjudicataria. La promotora será la encargada de construir las viviendas, así como de gestionar posteriormente la explotación del alquiler durante un mínimo de 50 años.
"Creemos que hay que tomar medidas valientes y de impulso para que, especialmente en zonas donde el mercado está tensionado, los ciudadanos puedan acceder con normalidad a la vivienda", ha reiterado Padilla.
Los arrendatarios deberán estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda de Castilla-La Mancha y cumplir con una serie de criterios económicos, como que los ingresos de la unidad familiar no superen los 3.000 euros. Además, tendrán preferencia las personas en situación de dependencia o discapacidad, así como las víctimas de violencia de género o terrorismo.
De otro lado, a preguntas de los medios sobre si el Gobierno regional plantea adherirse a la declaración de zona tensionada, la consejera portavoz no ha querido entrar en detalle, apuntando que desde la Consejería de Fomento están trabajando en ello y que se posicionarán "claramente en la definición o no de esas zonas --Toledo y Guadalajara-- cuando se tome una decisión".
"Se está trabajando de manera intensa en el mercado de vivienda, hay medidas encima de la mesa y optamos por promover vivienda de alquiler en zonas tensionadas para bajar de manera natural el precio del alquiler", ha incidido.