"Nosotros lo que hemos dicho es que, antes de declarar un municipio como zona tensionada en el mercado del alquiler, que se tenga en cuenta la opinión del ayuntamiento, que es la administración más cercana a la ciudadanía, y que incluso los ayuntamientos lo que planteen es un proceso participativo, para que los vecinos y vecinas, de forma concreta, puedan opinar y puedan expresar su opinión".
El titular de Fomento no cree que se deba "eliminar la participación pública" a la hora de tomar decisiones que "afectan y con calado a nuestra propiedad y a nuestra convivencia".
Según ha recordado, "el vivir en una ciudad o en un municipio, también conlleva el tener que hablar las cosas entre todos".
Considera que Amnistía Internacional no ha entendido bien el planteamiento, puesto que "no se trata de negarse, simplemente se trata de pedir opinión a mucha más gente, para que sea una decisión mucho más consensuada, en la que, de esa manera, sea difícil el que luego haya quien, por motivos ideológicos o partidistas quieran revertir una decisión", ha concluido.