Entre los aspectos negativos del mercado laboral de la región, CSIF destaca la pérdida de 1.295 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito educativo; el final de curso pone de manifiesto esta gran anomalía, ya que gran parte de estos empleos que se destruyen en verano corresponden a personal interino al que se le da de baja para posteriormente volverles a contratar en el mes de septiembre.
CSIF censura esta práctica y exige retomar el acuerdo firmado en 1990, por el que se mantenía durante el verano tanto el salario como la antigüedad a este personal habiendo trabajado cinco meses y medio. Los recortes de 2012 derogaron este acuerdo y todavía no se ha recuperado en los mismos términos; de hecho, en la región sólo cobran el verano los interinos que se incorporaron antes del 31 de octubre y permanecen en su puesto de trabajo ininterrumpidamente hasta el 30 de junio.
De hecho, afirma que a pesar de contar con más de cinco meses y medio trabajados, los interinos que concatenan contratos a lo largo del curso escolar tampoco cobran el verano, una situación que se puede reclamar administrativamente y que CSIF anima a los afectados a iniciar un proceso para regularizar el cobro.
Los interinos, señala, se ven doblemente perjudicados, en primer lugar, por la precariedad en el empleo y la pérdida de retribuciones durante los meses de verano, y en segundo lugar porque estos meses estivales no se les contabilizan en la antigüedad en el cuerpo de cara a futuros procesos selectivos, de movilidad, reconocimiento de trienios y sexenios, entre otros. Esta es una de las cuestiones que deberían incluirse en el Estatuto Docente que de manera reiterada reclama CSIF a gobiernos de uno y otro signo político.
CSIF vuelve a incidir en la necesidad de reforzar los servicios públicos, esenciales en la protección de los colectivos más vulnerables, y en esta línea reclama el reintegro de las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a CCOO y UGT, que ya superan los 43,5 millones de euros después de que el pasado 5 de junio recibiera una organización una ayuda directa de 250.000 euros bajo el epígrafe 'Fomento del Empleo'. Estas cantidades deberían ser destinadas a fines sociales y a la creación de empleo estable y de calidad.