"Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Somos perfectamente conscientes que no depende solamente del Gobierno de España y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria", ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, fuentes del Gobierno señalan que es "muy difícil" aprobar nuevos Presupuestos para el año en curso, toda vez que el estado de las negociaciones con los grupos se encuentra aún en una fase previa y solo se hacen "sondeos" con el resto de fuerzas políticas, pero todavía no hay conversaciones a fondo con los grupos que en este momento apunten a un acuerdo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había fijado el primer trimestre del año como la fecha en que pretendía tener un nuevo proyecto de Presupuestos para someterlo a votación de las Cortes. Pero a día de hoy, a solo dos semanas de terminar el mes de marzo, parece difícil poder cumplir esa fecha.
Oriol Junqueras ha advertido este mismo martes al PSOE de que si no cumple los acuerdos alcanzados en las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa, "no solo" no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, sino que tampoco se sentarán a hablar para los de 2026.
Junqueras ha puesto como ejemplo el servicio de trenes de cercanías y media distancia en Cataluña, que ha calificado de "catastrófico". "Si ustedes viviesen en Cataluña, lo sabrían y serían conscientes de ello", ha afirmado, exigiendo al Ejecutivo medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio ferroviario.
Además, ha hecho referencia al modelo de financiación autonómica, que ha recordado que está "caducado desde hace más de una década" por la falta de voluntad tanto del PSOE como al PP, y que en su opinión tiene un "impacto colosal" en las políticas sociales como la educación o la sanidad.
Por su parte, Junts también advertía la semana pasada de que no se sentará a negociar unas nuevas cuentas públicas si el Estado no paga unos 50.000 millones de euros en concepto de "deuda pendiente" con Cataluña en materia de infraestructuras, una condición que el Gobierno tacha de "imposible".
Así las cosas y pese a los avances y acuerdos alcanzados en los últimos meses con sus socios de investidura --por ejemplo en torno a la reforma fiscal--, el Ejecutivo aún no tendría amarrados los apoyos para sacar adelante las cuentas.