El tribunal ha acordado aplazar la vista oral hasta enero de 2027, fecha en la que se retomará la causa, inicialmente prevista para celebrarse entre el 14 y el 17 de octubre de este año.
El Ministerio Fiscal solicita para los dos principales acusados, B.N.A.C. y J.R.A., una pena de 39 años de prisión cada uno, aunque limita el cumplimiento efectivo a 18 años, conforme al artículo 76.1 del Código Penal.
Según el escrito de acusación, la pareja, de nacionalidad española, aunque de origen colombiano, captó a nueve mujeres en Colombia aprovechando su situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajo o libertad para ejercer la prostitución en España.
Una vez en el país, las víctimas eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, bajo control constante y sin posibilidad de salir de las viviendas donde eran explotadas, situadas en Valdepeñas (Ciudad Real) y Motril (Granada).
El fiscal sostiene que los acusados se apropiaban de la mitad de los beneficios y, además, les vendían preservativos, lubricantes, fármacos sexuales y cocaína, sustancia que también ofrecían a los clientes.
En los registros policiales se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, libretas con anotaciones, preservativos y medicamentos para aumentar el rendimiento sexual.
Junto a los dos cabecillas están procesadas otras cinco personas, entre ellas M.N.A., hija de la principal acusada, que controlaba la vivienda de Motril; R.A.G.A., encargada de la vigilancia y de los cobros; y M.J.A.C., que asumió esas funciones posteriormente. También figuran J.D.F.N. y M.R.R.R., acusados de facilitar cartas de invitación para la entrada de las víctimas en España.
El fiscal pide 12 años de prisión para M.N.A., 10 años y medio para R.A.G.A. y penas menores para los demás implicados, además de una indemnización de 30.000 euros para cada una de las tres principales víctimas.