El dato de agosto supone una nueva muestra de la estabilidad financiera de las cuentas autonómicas castellano-manchegas y del esfuerzo por mantener la liquidez del tejido empresarial, especialmente de las pymes que trabajan con la administración pública.
Cumplimiento de la normativa y control de la deuda comercial
El Ministerio recuerda que la ley establece un plazo máximo de 30 días para que las administraciones liquiden sus facturas con los proveedores. Castilla-La Mancha, al situarse en 21,6 días, cumple holgadamente con el límite legal, a diferencia de casi la mitad de las comunidades autónomas, que superaron ese umbral en agosto.
A nivel nacional, el incremento de casi cuatro días respecto al mes anterior refleja una cierta tensión en los pagos autonómicos, ligada al aumento de los compromisos de gasto y a los ciclos de ejecución presupuestaria.
La deuda comercial de las comunidades se situó en 4.500 millones de euros, equivalente al 0,27% del PIB nacional, tras disminuir un 14,8% respecto al mes anterior.
Administración Central y entidades locales, evolución desigual
El plazo de pago de la Administración Central se cifró en 26,74 días, mientras que las entidades locales registraron una media de 32,4 días, 17 días menos que hace un año. En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP fue de 8,73 días, consolidando su posición como el sector público más ágil en la gestión de pagos.
El conjunto de las administraciones públicas abonó en agosto más de 6.100 millones de euros en pagos comerciales, un 24,6% más que en el mismo mes de 2024. De esa cantidad, 4.175 millones correspondieron a gastos sanitarios, con un aumento interanual del 29,4%.
Un indicador clave para la salud financiera empresarial
El periodo medio de pago se ha consolidado como un termómetro de la gestión financiera pública y un factor decisivo para la viabilidad de miles de empresas proveedoras. En contextos de subida de costes y tipos de interés elevados, la rapidez en los pagos públicos se traduce en oxígeno financiero para las pymes, que dependen en gran medida de la puntualidad de la administración.
Castilla-La Mancha mantiene así una posición de solvencia y estabilidad dentro del mapa autonómico, reforzando la confianza empresarial y contribuyendo a la buena reputación de sus finanzas públicas.