Varias comunidades del PP han anticipado sus posiciones. Andalucía reclamará 4.000 millones en financiación extra; Madrid insiste en actualizar un modelo “agotado”; la Comunidad Valenciana volverá a denunciar la infrafinanciación; Galicia, Murcia y Castilla y León reprochan al Gobierno falta de seriedad y piden un debate real que tenga en cuenta factores como la dispersión o el envejecimiento. Baleares exige un borrador del nuevo modelo y la apertura formal del diálogo a todas las autonomías.
En el bloque socialista afloran discrepancias. El presidente catalán, Salvador Illa, defiende una financiación singular para Cataluña “desde la solidaridad”, y reivindica la condonación de deuda. En cambio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechaza privilegios: todas las comunidades son “singulares”, ha dicho, y exige que el debate se celebre en el CPFF y sin negociaciones bilaterales.
Asturias y Canarias esperan avances en estabilidad y entregas a cuenta, además de criterios como población ajustada o insularidad en el nuevo modelo.
Montero atribuye el bloqueo al PP y acusa a los populares de no consensuar una postura común entre sus gobiernos autonómicos. La reforma, ha subrayado, dependerá finalmente de los votos del Congreso.