En el caso de Castilla-La Mancha, el impacto sería muy significativo: la prestación de 200 euros recortaría la tasa de pobreza infantil en aproximadamente un 8%, una de las mayores reducciones del país y solo por detrás de regiones con niveles de pobreza más altos como Andalucía, Extremadura o Ceuta y Melilla.
La iniciativa supondría un gasto nacional estimado de entre 9.000 y 18.000 millones de euros anuales, aunque Unicef subraya que el coste neto sería menor al descontar deducciones fiscales ya existentes para familias con hijos. No obstante, el informe advierte de que una ayuda universal implica un esfuerzo presupuestario elevado por cada menor que deja atrás la pobreza, especialmente en comunidades con niveles de renta más altos.
Pese al coste, Unicef sostiene que la pobreza infantil “no puede esperar más”, recordando que España lidera la Unión Europea en pobreza de ingresos (29,2%) y es el segundo país con mayor riesgo de exclusión social para menores (34,6%). La ONG insiste en que se trata de un problema estructural, pero evitable con políticas directas de apoyo económico a las familias.