El impacto económico total de estas medidas asciende a 192 millones de euros: 120 millones correspondientes a 2025 y 72 millones a 2026. La subida beneficiará a más de 100.000 empleados públicos, entre personal de la Administración regional, empresas y fundaciones públicas, la Universidad de Castilla-La Mancha y profesorado de centros concertados.
El incremento correspondiente a 2025 se abonará en la nómina de enero de 2026, incluyendo los atrasos de todo el ejercicio. El calendario de pago ha sido acordado con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación.
Ruiz Molina ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha decidido aplicar el máximo incremento permitido por la normativa estatal, en el marco del Acuerdo Marco firmado entre el Gobierno de España y los sindicatos para el periodo 2025-2028.
La medida está recogida en el proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que se debate esta semana en las Cortes regionales y que destina el 72% del gasto a servicios públicos. El consejero ha defendido que estas cuentas son compatibles con el equilibrio presupuestario y ha reiterado el rechazo del Gobierno regional a las enmiendas presentadas por el Partido Popular, al considerar que implicarían recortes sociales y un aumento significativo del déficit.