Más de 140.000 personas afectadas en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, el impacto no es menor. Las estimaciones más prudentes sitúan en entre 140.000 y 150.000 personas las que reciben ayudas o subsidios directamente referenciados al IPREM, sin contar otras prestaciones donde actúa como criterio indirecto.
El grueso corresponde al Ingreso Mínimo Vital, que alcanza a más de 110.000 personas en la región. A ello se suman unos 18.000 perceptores de subsidios por desempleo —cuya cuantía se calcula como porcentaje del IPREM— y al menos 12.000 beneficiarios de ayudas autonómicas (emergencia social, vivienda, apoyo a familias), donde los límites de renta se fijan en múltiplos del indicador estatal.
La cifra real es mayor si se incorporan otras ayudas como el bono social, determinadas becas o programas de vivienda, pero ni el Estado ni la Junta ofrecen una contabilidad agregada, lo que dificulta la evaluación completa del impacto.
Menos cobertura sin tocar una sola ley
El principal efecto de la congelación del IPREM no es solo que las ayudas sean bajas, sino que cada año llegan a menos gente, sin necesidad de recortes explícitos.
Los motivos son claros:
Un ahorro para el Estado, un coste para la región
Diversos análisis económicos estiman que mantener congelado el IPREM supone un ahorro implícito para las arcas públicas cercano a los 1.000 millones de euros anuales en el conjunto del país. Ese ahorro no procede de una mejora de eficiencia, sino de una reducción automática del gasto social real.
Para Castilla-La Mancha, esto se traduce en una menor capacidad de las ayudas para sostener consumo básico, una mayor presión sobre los servicios sociales autonómicos y municipales, que actúan como red de último recurso, un impacto indirecto sobre la economía local, especialmente en zonas rurales y ciudades medias, donde estas prestaciones tienen un efecto multiplicador relevante.
El contraste con el SMI y la inflación
Mientras el IPREM permanece inmóvil, el SMI ha crecido más de un 30% desde 2019 y el coste de la vida ha aumentado de forma sostenida. Este desfase genera una paradoja: trabajadores con ingresos muy ajustados quedan fuera de ayudas pensadas para rentas bajas, mientras las prestaciones no se revalorizan.
En la práctica, el IPREM ha dejado de cumplir su función original como referencia realista de vulnerabilidad económica.
Una decisión política con efectos estructurales
Aunque el debate suele centrarse en la cuantía del IPREM, el problema de fondo es político: sin nuevos Presupuestos no hay actualización automática. La prórroga presupuestaria no es neutral; tiene efectos distributivos claros y persistentes.
En una región como Castilla-La Mancha, donde el peso de las rentas bajas es superior a la media nacional, la congelación del IPREM amplía la brecha entre crecimiento macroeconómico y bienestar real, y convierte a las ayudas sociales en un instrumento cada vez menos eficaz.