El Impuesto de Sociedades, con un tipo nominal estatal del 25 %, apenas ha cambiado en términos legales. Sin embargo, el tipo efectivo —el que realmente pagan las empresas— ha aumentado en Castilla-La Mancha tras la pandemia, situándose en torno al 22,7-22,9 % en los últimos ejercicios, por encima del promedio nacional. Este dato refleja que, cuando la actividad económica se recupera, la capacidad de ajuste fiscal es limitada para buena parte del tejido productivo regional.
El peso creciente de los costes laborales y parafiscales
Más allá de los impuestos directos, las empresas castellanomanchegas afrontan un incremento sostenido de los costes laborales, impulsado por la subida del salario mínimo, las reformas laborales y el aumento de las bases de cotización. Las cotizaciones sociales a cargo del empleador superan ya el 31,5 % del coste laboral, cerca de dos puntos más que en 2018.
Este factor resulta especialmente relevante en una comunidad con niveles de productividad inferiores a la media nacional y un tejido empresarial muy atomizado. En este contexto, el aumento de costes fijos reduce márgenes, limita la inversión y dificulta la creación de empleo estable, según vienen advirtiendo organizaciones empresariales de la región.
Fiscalidad autonómica: menos impuestos directos, más incentivos selectivos
A diferencia de otras comunidades, Castilla-La Mancha no ha optado por grandes rebajas generalizadas de impuestos, pero sí ha desplegado en los últimos años medidas selectivas de alivio fiscal, orientadas a facilitar inversiones y atraer actividad económica.
Entre las principales medidas destacan:
Ayudas económicas directas: el otro pilar del apoyo regional
Junto a la fiscalidad, el Gobierno regional ha reforzado los incentivos económicos directos, con paquetes de ayudas a la inversión que superan los 40 millones de euros, dirigidos principalmente a pymes, autónomos y proyectos industriales de tamaño medio.
Estos programas han permitido movilizar varios cientos de millones de euros en inversión privada y se complementan con ayudas específicas para autónomos, incluyendo esquemas de “cuota cero” en el inicio de actividad y apoyos adicionales en zonas rurales.
Una presión que sigue condicionando la competitividad
Pese a estos incentivos, el diagnóstico compartido por analistas económicos es claro: la presión fiscal y parafiscal efectiva sigue siendo elevada para la estructura productiva de Castilla-La Mancha. Los alivios existen, pero no compensan completamente el aumento de los costes estructurales, especialmente en un contexto de inflación y menor capacidad de trasladar precios al consumidor.
El debate de fondo, apuntan fuentes empresariales, no es solo fiscal, sino de modelo económico: tamaño empresarial, productividad, acceso a inversión y estabilidad regulatoria.