La capacidad normativa autonómica sobre los principales impuestos cedidos ha sido el principal motor de la divergencia territorial. Mientras algunas comunidades han reducido tipos y generalizado bonificaciones para atraer bases imponibles, otras han reforzado la recaudación elevando la presión fiscal efectiva.
El resultado es un sistema en el que la carga tributaria varía sensiblemente según el lugar de residencia o inversión, con impactos directos sobre la competitividad regional y la suficiencia financiera.
IRPF: subidas generalizadas, intensidad desigual
En el tramo autonómico del IRPF, la tendencia ha sido claramente alcista desde el inicio efectivo de la cesión normativa. Sin embargo, la magnitud de las subidas marca la diferencia entre modelos fiscales.
Castilla-La Mancha ha elevado su tipo máximo autonómico en 2,5 puntos porcentuales desde principios de los años 2000, hasta situarlo en el 50 %. Se trata de una subida moderada en comparación con otras regiones que han optado por incrementos mucho más intensos y con mayor impacto recaudatorio.
Patrimonio: mantener frente a eliminar
El Impuesto sobre el Patrimonio es uno de los tributos que mejor refleja la divergencia fiscal autonómica. Algunas comunidades han optado por suprimirlo de facto mediante bonificaciones totales, mientras otras lo mantienen como fuente estructural de ingresos.
Castilla-La Mancha ha conservado el impuesto con tipos efectivos estables, lo que genera una recaudación media en el conjunto nacional. Esta decisión refuerza los ingresos propios sin situar a la región entre las más exigentes desde el punto de vista patrimonial.
Sucesiones y Donaciones: alivio fiscal con límites
En los últimos años, la región ha introducido una rebaja significativa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Las bonificaciones pueden alcanzar el 100 % en determinados supuestos, aunque con límites y condiciones.
La rebaja en Sucesiones ha amortiguado el impacto de otras subidas fiscales, especialmente en los tramos medios del sistema tributario autonómico.
Esta estrategia ha reducido de forma notable la presión fiscal en herencias y donaciones, pero sin eliminar completamente el impuesto, manteniendo un equilibrio entre alivio fiscal y recaudación.
ITP y AJD: el principal endurecimiento
El mayor incremento de presión fiscal en Castilla-La Mancha se concentra en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El tipo general ha pasado del 6 % al 7 %, reforzando este tributo como vía de ingresos autonómicos.
Pese a ello, la subida es inferior a la aplicada en otras comunidades donde el ITP se ha convertido en uno de los principales instrumentos de incremento recaudatorio.
Un modelo propio, lejos de los extremos
El balance global sitúa a Castilla-La Mancha en una posición intermedia-alta de presión fiscal dentro del mapa autonómico. La región ha incrementado algunos tipos, especialmente en impuestos indirectos, pero ha compensado parte del esfuerzo con rebajas selectivas en figuras sensibles como Sucesiones y Donaciones.
Este modelo le permite sostener ingresos sin alinearse plenamente ni con las comunidades de fiscalidad más dura ni con aquellas que han apostado por una reducción generalizada de impuestos. Un equilibrio que define su estrategia fiscal tras más de dos décadas de autonomía tributaria.