Así lo ha avanzado este martes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha precisado que la demanda se interpondrá “en el momento en que esté disponible”, si bien no ha concretado si llegará al Consejo de Gobierno para su aprobación a lo largo del mes de enero.
Gómez ha recordado que, en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, el Ejecutivo central trasladó su intención de esperar a una sentencia pendiente del Tribunal Supremo sobre un recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), y decidir a partir de ese fallo. Frente a esa posición, el Gobierno regional sostiene que no es necesario aguardar a dicha resolución, ya que existen otras sentencias que avalan los criterios recogidos en la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo e incluso respaldan la aplicación de los valores máximos previstos.
En este sentido, la consejera ha subrayado que la normativa contempla la protección de las zonas de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha, que se están viendo afectadas por la falta de caudales ecológicos, como ocurre con el río Tajo a su paso por Toledo.
El Ejecutivo autonómico mantiene además a la espera una reunión con la Vicepresidencia Tercera y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para articular las medidas necesarias, después de haber remitido hasta dos propuestas técnicas “para ayudar al Estado a tomar una decisión”, según ha señalado Gómez.
Por otro lado, la consejera ha avanzado que este miércoles se reunirá la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, con la previsión de aprobar un nuevo envío de 27 hectómetros cúbicos correspondientes a tres meses, aplicando la regla de normalidad por la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Una decisión que, a juicio del Gobierno regional, no se ajusta a la normativa vigente, teniendo en cuenta que aún quedan 64 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar del anterior año hidrológico.