El acuerdo con los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— ha salido adelante pese a la oposición explícita de varios gobiernos europeos como Francia, Polonia, Irlanda o Austria, donde las protestas del sector agrario han forzado a sus ejecutivos a posicionarse en contra. Es, además, la primera vez que la UE aprueba un tratado comercial sin el consenso de todos sus Estados miembros, una circunstancia que la organización califica de “precedente preocupante”.
Impacto directo sobre el campo y el empleo
Ecologistas en Acción considera que las salvaguardas agrícolas incluidas en el acuerdo son “claramente insuficientes” y alerta de que el pacto intensificará una competencia desigual entre agricultores europeos y latinoamericanos. “Este modelo enfrenta a productores de ambos lados del Atlántico en una carrera a la baja en derechos sociales, ambientales y sanitarios”, señala la entidad, que vincula este tipo de acuerdos con la expansión de una agricultura industrial orientada a la exportación y con el agravamiento de la crisis climática.
Diversos estudios citados por la organización advierten de que el acuerdo UE-Mercosur podría incrementar de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, además de provocar la pérdida de cientos de miles de empleos y debilitar los derechos laborales, los de los pueblos indígenas y el tejido de pequeñas y medianas empresas, especialmente en el ámbito de las compras públicas.
Castilla-La Mancha, entre las regiones más perjudicadas
En el caso de Castilla-La Mancha, la organización ecologista subraya que las consecuencias negativas recaerán principalmente sobre las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, que deberán competir con grandes empresas del Mercosur sometidas a normativas ambientales y laborales mucho más laxas. “Se trata de un escenario que pone en riesgo la viabilidad del campo regional”, advierten.
Frente a ello, Ecologistas en Acción denuncia que el acuerdo beneficiará a la industria cárnica intensiva, a costa del empobrecimiento y la contaminación del territorio, mediante el uso de soja y otros insumos producidos sin garantías sociales ni ambientales.
Críticas al proceso y próximos pasos
La organización también ha censurado duramente la forma en la que se ha cerrado el acuerdo, al considerar que se ha recurrido a “métodos antidemocráticos y opacos”, excluyendo a los parlamentos nacionales y acelerando la votación en el Consejo de la UE sin esperar el pronunciamiento del Parlamento Europeo.
Como siguiente paso, la campaña Stop UE-Mercosur, de la que forma parte Ecologistas en Acción, intensificará la presión social e institucional para exigir al Parlamento Europeo un voto en contra del tratado. “El Gobierno de España y la UE están priorizando los intereses de las grandes corporaciones frente a la agricultura familiar, la clase trabajadora y la protección del medio ambiente”, concluye la organización.