Según el texto de la iniciativa, el Grupo Socialista planteará que la Cámara autonómica reclame a la Junta que “utilice todas las vías jurídicas a su disposición” para impugnar el sistema diseñado por el Gobierno de España, al considerar que supone un perjuicio para los intereses de la región.
La resolución defiende el rechazo al modelo por su “carácter regresivo e injusto”, al entender que introduce el principio de ordinalidad, lo que se traduce —según el PSOE— en una mayor financiación por habitante para las comunidades con mayor renta per cápita, en detrimento de territorios como Castilla-La Mancha.
Asimismo, los socialistas reclaman que la negociación de cualquier reforma del sistema de financiación se lleve a cabo en un marco multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común, y no mediante acuerdos bilaterales.
El texto incide también en la necesidad de que el futuro modelo garantice el principio de igualdad, de forma que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de su capacidad económica o del territorio en el que residan.
Por último, la iniciativa insta al Gobierno central a aprobar, mientras no se alcance un nuevo sistema, un fondo transitorio de nivelación que permita corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, como consecuencia del actual modelo de financiación.