Los padres y madres afectadas han asegurado que la situación se ha vuelto “insostenible” tras años de dificultades de convivencia, y que estas conductas han tenido efectos negativos sobre el bienestar físico y emocional de sus hijos. Según han relatado, las agresiones no son episódicas y han quedado documentadas incluso con partes médicos, incluido uno registrado ante la Inspección Educativa en marzo de 2024.
Ante la falta de cambios que perciben, las familias decidieron no llevar a sus hijos al centro educativo como medida de presión para que las autoridades competentes actúen y garanticen un entorno seguro para todos los alumnos. Algunas de estas protestas se han difundido en redes sociales y grupos de mensajería bajo el lema “Aulas Vacías. Stop Violencia”.
Los progenitores han querido dejar claro que su protesta no va dirigida contra el equipo directivo del colegio, al que han reconocido estar informando y cooperando, sino que reclaman medidas concretas y efectivas por parte de la Delegación de Educación de Castilla-La Mancha para proteger a los menores afectados.
Respuesta de las administraciones
Ante la situación, la Inspección Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha personado en el centro desde el pasado jueves y ha mantenido reuniones con el profesorado para recabar información y analizar los hechos, en coordinación con los padres y el equipo directivo. Se ha convocado una reunión formal entre inspectores, la dirección del centro y representantes de las familias para evaluar posibles soluciones y acciones a adoptar.
Por su parte, la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, a través de la consejera Bárbara García Torijano, ha apelado a la “cautela necesaria” para abordar el caso, recordando que todos los implicados son menores de edad y que los comportamientos observados pueden ser “corregibles”. La consejera ha insistido en la importancia de garantizar tanto la protección de las posibles víctimas como el derecho del alumno implicado a recibir apoyo educativo y una segunda oportunidad.
García Torijano también ha subrayado que la gestión directa de los centros educativos corresponde a la Consejería de Educación, aunque su departamento colabora mediante protocolos de prevención y protección de menores, como el programa autonómico “Tú Cuentas”, que ofrece atención, prevención y un teléfono gratuito y anónimo para comunicar situaciones de riesgo, vulnerabilidad, acoso o conflictos de convivencia escolar.
La reunión entre Inspección Educativa, representación del centro y familias busca definir medidas que ofrezcan un marco de seguridad y normalidad educativa, en el marco de la legislación vigente. Hasta entonces, las familias han indicado que no retomarán la asistencia de sus hijos a clase y esperan una respuesta “formal y contundente” por parte de la administración educativa.