La revalorización de las pensiones de 2026 ha entrado definitivamente en vigor tras su publicación en el BOE, con efectos desde el 1 de enero. El Gobierno ha tenido que rectificar su planteamiento inicial y tramitar la subida de forma separada para asegurar su convalidación parlamentaria, después de que el Congreso rechazara el anterior decreto ómnibus que mezclaba esta medida con otras de mayor fricción política.
El decreto mantiene una subida del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, mientras que las pensiones mínimas, no contributivas y aquellas con cargas familiares aumentan entre el 7% y el 11,4%. En términos medios, la revalorización se traduce en unos 500 euros más al año para los pensionistas del sistema.
Efecto directo en Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha cuenta con más de 380.000 pensiones en vigor, una cifra que refleja el peso estructural del sistema público de pensiones en la economía regional. El impacto de la revalorización es especialmente significativo en una comunidad con elevada presencia de pensiones mínimas y de viudedad, donde estas prestaciones sostienen el consumo cotidiano y la cohesión social, en particular en el medio rural.
El incremento garantiza así una cierta protección del poder adquisitivo en un contexto todavía marcado por el encarecimiento de bienes básicos y servicios, y actúa como un estabilizador económico para numerosos municipios de la región.
Una subida incuestionable, una forma discutible
La actualización de las pensiones conforme a la inflación es una medida necesaria y difícilmente cuestionable. Sin embargo, el episodio parlamentario evidencia que el principal punto débil no ha estado en el fondo, sino en la forma. La separación del decreto corrige el error y permite avanzar, pero también subraya las dificultades del Gobierno para articular mayorías.