La ampliación de la producción de la factoría de derivados lácteos que Schreiber Foods España, S.L. tiene en Talavera de la Reina no deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Así lo ha resuelto la Dirección General de Calidad Ambiental, que considera que la modificación proyectada no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento previstas por la empresa y los requisitos fijados por el Gobierno regional.
La resolución, publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, autoriza el incremento de la capacidad productiva de la planta, ubicada en la carretera de Extremadura, en el que supone uno de los principales complejos industriales del municipio. La modificación permitirá elevar la producción anual de producto terminado desde las actuales 80.723 toneladas hasta cerca de 190.600 toneladas al año.
El proyecto contempla un aumento de las líneas de fabricación, que pasarán de cinco a once, con la incorporación de seis nuevas líneas cuya producción se estima en más de 114.500 toneladas anuales. No obstante, la compañía no prevé cambios en las instalaciones de proceso y tratamiento de leche, por lo que las actuaciones se limitarán a modificaciones internas consideradas como obras menores.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el incremento “muy significativo” del consumo de agua, que pasará de 319.160 metros cúbicos anuales a más de un millón de metros cúbicos al año. En este sentido, Schreiber Foods solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina un pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos hídricos y el vertido a la estación depuradora municipal. El Consistorio respondió favorablemente en mayo de 2025, concediendo la dotación solicitada y confirmando la capacidad de la EDAR para asumir los vertidos de la planta.
La Dirección General de Calidad Ambiental señala que los principales impactos del proyecto se concentran en el mayor uso de recursos naturales, especialmente el agua, y en el incremento del tráfico pesado asociado a la actividad industrial. No obstante, considera que estos efectos quedarán mitigados con las medidas previstas para proteger el suelo, la fauna y la flora del entorno.
La modificación cuenta además con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, emitido en octubre de 2023. El informe de impacto ambiental tendrá una vigencia máxima de cuatro años desde su publicación, plazo en el que el proyecto deberá ser autorizado y comenzar su ejecución. De no ser así, la resolución caducará, aunque la empresa podrá solicitar una prórroga de hasta dos años adicionales. En caso de caducidad definitiva, el promotor tendría que iniciar de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental simplificada.