Las palabras de Emiliano García-Page no responden solo a un enfado puntual ni a un cruce dialéctico más entre PSOE y PP. Al calificar de “auténtica traición” el incumplimiento del pacto sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, el presidente de Castilla-La Mancha está señalando una quiebra política de mayor calado: la ruptura de un acuerdo que se había presentado como estructural, transversal y blindado frente a la confrontación partidista.
El jefe del Ejecutivo regional coloca el foco en un elemento muy concreto: la decisión del PP de presentar enmiendas para reducir la representación parlamentaria, un movimiento que, en su relato, no tiene precedentes en el resto del país. Page subraya así una anomalía política que busca instalar en la opinión pública: Castilla-La Mancha como única comunidad donde el PP, gobierne o no, plantea “amputar la democracia”, algo que no ocurre allí donde tiene responsabilidades de gobierno, ni siquiera en coalición con Vox.
La carga simbólica de sus declaraciones no es casual. Al evocar la etapa de María Dolores de Cospedal, cuando la reforma estatutaria se aprobó en solitario y se redujo drásticamente el número de diputados, Page reactiva un recuerdo todavía sensible en la política regional. No lo hace para revisar el pasado, sino para advertir de un posible retorno a un modelo institucional diseñado —según su tesis— para condicionar mayorías electorales futuras.
El presidente va un paso más allá al señalar directamente al PP nacional, al que acusa de “ninguneo” hacia Castilla-La Mancha y de permitir un trato diferenciado que no se replica en otras autonomías. En ese punto, su discurso deja de ser estrictamente regional y se convierte en una crítica al papel de las direcciones estatales en decisiones que afectan a la arquitectura democrática autonómica.
Page también introduce un elemento clave en su intervención: la quiebra de la confianza. Cuando denuncia que dirigentes populares reconocen haber firmado el acuerdo sabiendo que no lo cumplirían, el debate deja de centrarse en el contenido del Estatuto para situarse en la fiabilidad de la palabra política. Un mensaje dirigido no solo al PP, sino a los colectivos sociales y económicos que han participado en la negociación del nuevo texto.
Con su advertencia de que “no va a quedar así” y de que no permitirá que el futuro del Estatuto dependa de una hipotética mayoría PP-Vox en el Congreso, el presidente marca una línea roja. El Estatuto, viene a decir, no es un arma electoral ni un tablero de pruebas, sino la base institucional de la autonomía. Y es ahí donde Page intenta fijar el marco del conflicto: menos como una disputa entre partidos y más como una defensa del autogobierno frente a lo que considera una enmienda política difícil de justificar en clave regional.