La huelga convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha ha colocado este lunes a la sanidad regional en el centro del debate público. La protesta, que forma parte de un calendario de movilizaciones de alcance nacional, arranca con paros en hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud impulsado por el Ministerio de Sanidad y se extenderá desde este lunes 16 de febrero hasta el próximo día 20 de febrero.
La convocatoria en Castilla-La Mancha no es aislada. Se enmarca dentro de una ofensiva sindical coordinada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que considera que el nuevo texto legal no responde a las particularidades del colectivo facultativo. En la región, el paro afecta a médicos de atención primaria y hospitalaria, así como a residentes, con servicios mínimos fijados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para garantizar la asistencia urgente y oncológica.
Los sindicatos sostienen que el Estatuto Marco, concebido para regular las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, diluye la especificidad médica y no reconoce adecuadamente la responsabilidad, formación y carga asistencial de estos profesionales.
El núcleo del conflicto: guardias, jornada y clasificación profesional
El principal punto de fricción es el nuevo marco normativo. El colectivo reclama un estatuto propio diferenciado del resto de categorías sanitarias, una reclasificación profesional acorde a su nivel formativo y una regulación más clara de las guardias de 24 horas.
Entre las reivindicaciones destacan la reducción de la jornada ordinaria, la mejora de la remuneración de las guardias —y su cómputo a efectos de jubilación—, así como límites efectivos a la sobrecarga asistencial. Denuncian que muchos centros trabajan con plantillas ajustadas, agendas saturadas y dificultades para cubrir bajas o vacantes, especialmente en áreas rurales.
Desde el Ministerio, sin embargo, se defiende que la reforma busca homogeneizar y modernizar el sistema. La ministra Mónica García ha señalado en los últimos días que algunas de las demandas, como la voluntariedad total de las guardias, podrían comprometer la estabilidad del modelo público si no se articulan con garantías.
Servicios mínimos y tensión institucional
En Castilla-La Mancha, el Sescam ha establecido servicios mínimos del 100 % en urgencias hospitalarias y áreas críticas como oncología, mientras que en atención primaria se mantienen dispositivos para cubrir la asistencia inaplazable. El sindicato ha advertido de que vigilará que estos mínimos no vacíen de contenido el derecho a la huelga.
El conflicto llega en un momento sensible para la sanidad pública regional, tras meses marcados por la presión asistencial en invierno y la dificultad para cubrir determinadas especialidades. Aunque la Junta ha defendido que ha mantenido reuniones previas con los representantes sindicales, el distanciamiento entre ambas partes es evidente.
Para la ciudadanía, la consecuencia más inmediata es la posible reprogramación de consultas y pruebas diagnósticas no urgentes. Las urgencias y la actividad crítica están garantizadas, pero la actividad ordinaria puede resentirse durante los días de paro.