La inversión pública en infraestructuras en España sigue sin recuperarse plenamente más de quince años después de la crisis financiera. Aunque el gasto público ha repuntado en los últimos años impulsado por los fondos europeos, el volumen destinado a carreteras, ferrocarriles o infraestructuras hidráulicas se mantiene todavía un 60% por debajo del máximo alcanzado en 2009. El análisis elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) alerta de que este déficit inversor acumulado puede acabar deteriorando el capital público y limitar la capacidad de crecimiento de territorios extensos y con baja densidad como Castilla-La Mancha.
El informe señala que en 2025 la inversión en infraestructuras de uso público —carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puertos, aeropuertos y equipamientos urbanos— ascendió a 16.114 millones de euros, apenas un 6,8% más que el año anterior. Aun así, el volumen de inversión se sitúa un 25% por debajo del registrado a comienzos de siglo, lo que evidencia la debilidad estructural del esfuerzo inversor tras más de una década de ajustes fiscales.
Recuperación incompleta tras la crisis
En conjunto, la inversión total en España —pública y privada— alcanzó en 2025 los 347.000 millones de euros, con un crecimiento real del 5,1% respecto al año anterior. La inversión pública creció incluso más, un 9,1%, impulsada en gran medida por los fondos europeos del programa Next Generation.
Sin embargo, el estudio advierte de que esta recuperación es todavía insuficiente. El volumen de inversión pública —37.177 millones de euros— sigue un 34% por debajo del nivel registrado en 2009, cuando el gasto en infraestructuras alcanzó su punto más alto durante el ciclo expansivo previo a la crisis.
El resultado es una transformación del patrón inversor: mientras aumentan los recursos destinados a digitalización, innovación o transición energética, las infraestructuras tradicionales pierden peso dentro del gasto público.
El peso de las infraestructuras cae a mínimos desde 1995
Uno de los datos más significativos del estudio es la pérdida de protagonismo de las infraestructuras dentro de la inversión pública.
En 2009 representaban más del 60% del total, mientras que en 2025 apenas alcanzan el 37,9%, el porcentaje más bajo desde mediados de los años noventa. Este descenso refleja el impacto de los recortes aplicados durante la Gran Recesión, cuando la inversión pública fue uno de los principales instrumentos de ajuste fiscal para cumplir con los objetivos de déficit.
Aunque el gasto ha vuelto a crecer en los últimos años, el nivel actual sigue lejos del necesario para mantener el stock de capital acumulado.
Las mayores caídas de inversión se concentran en tres tipos de infraestructuras que siguen siendo esenciales para la economía. Por un lado, la inversión en la red de ferrocarril se ha reducido un 66,7% desde 2009. Por otro, las infraestructuras hidráulicas han experientado un descenso de la inversión pública 61,7% y la inversión actual en la red de carreteras nacional equivale a solo el 41% del máximo alcanzado en 2009.
Riesgo de deterioro del capital público
El estudio alerta de que durante años la inversión pública ha sido insuficiente incluso para compensar la depreciación de las infraestructuras existentes. Como consecuencia, el valor real del capital público en infraestructuras productivas ha disminuido en la última década. Desde 2014, el stock de capital en este tipo de activos se ha reducido en unos 11.000 millones de euros, lo que refleja un proceso de desgaste acumulado.
Este deterioro puede afectar a la calidad de servicios públicos esenciales —transporte, agua o movilidad urbana— y limitar la competitividad del país.
El impacto del cambio climático eleva la presión inversora
El informe introduce además un nuevo factor que incrementará la necesidad de inversión en las próximas décadas: el cambio climático.
Fenómenos extremos como inundaciones o tormentas provocan pérdidas de capital que habitualmente no se contabilizan en las estadísticas económicas, pero que obligan a reconstruir infraestructuras y equipamientos.
Según las estimaciones del estudio, compensar estos daños exigiría un esfuerzo inversor adicional equivalente a entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual durante los próximos 50 años. Si estas inversiones no se realizan de forma preventiva y los daños deben repararse en un solo ejercicio, el incremento del gasto podría alcanzar entre el 5% y el 38% del volumen anual de inversión.