Según ha explicado el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez, la prioridad de la institución es que la víctima reciba la compensación económica establecida en la sentencia. “Para el Arzobispado, lo fundamental es que la víctima cobrase la indemnización que han fijado los tribunales, así como que el sacerdote pagase las costas que también le indica la sentencia del Tribunal Supremo”, ha señalado.
Gómez ha detallado que el condenado no percibe una nómina como tal, sino una asignación básica que, entre otros fines, permite hacer frente a esas obligaciones económicas derivadas de la condena. En este sentido, ha insistido en que la actuación del Arzobispado se ha centrado en situar a la víctima “en primer lugar”, manteniendo contactos con la representación jurídica del agresor para tratar de asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Las explicaciones se han producido durante una comparecencia pública del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien previamente había admitido que la Iglesia “ayuda” al condenado, aunque matizando que ello “no significa que le estamos ayudando económicamente” en términos convencionales.
Cerro Chaves también ha defendido la actuación de la institución en el proceso interno, asegurando que en su momento la Iglesia consideró inocente al sacerdote conforme a su normativa. “En el proceso que se hizo, la Iglesia le dio por inocente. Cumplimos la normativa. Lleva años en la cárcel”, ha afirmado.
El caso, adelantado por el diario El País, ha reabierto el debate sobre la actuación de las instituciones religiosas ante delitos de esta gravedad y sobre los mecanismos de reparación a las víctimas, en un contexto especialmente sensible en la opinión pública.