El Gobierno ha activado un nuevo mecanismo extraordinario para que los ayuntamientos puedan saldar deudas pendientes con proveedores, una medida que movilizará hasta 304 millones de euros en 2026 y que podría tener impacto directo en varios municipios de Castilla-La Mancha con problemas de pago y tensiones de tesorería.
La medida, aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y anunciada por el Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España, permitirá a las entidades locales acceder a préstamos a largo plazo con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales para abonar facturas pendientes a proveedores.
El mecanismo se divide en dos vías: una obligatoria para los ayuntamientos con peores indicadores de pago y otra voluntaria para consistorios que hayan sufrido un deterioro puntual de sus plazos de abono durante 2025. En total, hasta 206 ayuntamientos españoles podrían acogerse al sistema.
Aunque Hacienda no ha detallado todavía qué municipios de Castilla-La Mancha figuran entre los potenciales beneficiarios, la medida afecta especialmente a corporaciones locales con un Periodo Medio de Pago (PMP) superior a 60 días de forma reiterada, un indicador que en los últimos años ha tensionado las cuentas de diversos ayuntamientos medianos y pequeños de la región.
Para Castilla-La Mancha, el programa puede tener un doble efecto económico. Por un lado, facilitar liquidez inmediata a cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios municipales —desde constructoras y empresas de limpieza hasta suministradores energéticos o firmas tecnológicas— que dependen de los pagos públicos para mantener actividad y empleo. Por otro, obligará a los ayuntamientos adheridos a aprobar planes de ajuste supervisados por el Ministerio de Hacienda, lo que puede traducirse en mayores controles presupuestarios y limitaciones futuras de gasto.
El grueso de la financiación, 206,5 millones de euros, se destinará a 26 ayuntamientos que deberán acogerse obligatoriamente al mecanismo. Otros 180 municipios podrán solicitar la adhesión voluntaria por un importe máximo conjunto de 97,6 millones.
Los proveedores afectados podrán cobrar mediante este sistema renunciando a intereses de demora y otros recargos. En caso de no aceptar el procedimiento, conservarán sus derechos de cobro, aunque las facturas no podrán financiarse a través del fondo estatal.
Los préstamos que formalicen los ayuntamientos no tendrán periodo de carencia y comenzarán a amortizarse en octubre de 2027, extendiéndose hasta octubre de 2041.
La decisión llega en un contexto de creciente presión financiera sobre las administraciones locales por el aumento de costes energéticos, salariales y de servicios públicos. En Castilla-La Mancha, numerosos municipios han advertido en los últimos ejercicios del impacto del encarecimiento de contratos básicos como recogida de residuos, mantenimiento urbano o abastecimiento.
Junto al mecanismo para proveedores, el Gobierno ha aprobado además una línea extraordinaria de 500 millones de euros para ayuntamientos afectados por las inundaciones registradas a comienzos de año en Andalucía y Extremadura. Estos fondos podrán financiar tanto gasto corriente como inversiones destinadas a reparar daños y reforzar infraestructuras municipales.