El Ministerio de Hacienda ha dado un nuevo paso en la reforma del sistema de financiación autonómica al comunicar a las comunidades de régimen común el inicio inmediato de una ronda de reuniones bilaterales para abordar los detalles del futuro modelo. El Gobierno mantiene su intención de que la reforma quede aprobada antes de finalizar 2026, pese al rechazo expresado por la mayoría de autonomías cuando se presentó la propuesta a comienzos de año.
La carta remitida por el departamento que dirige Arcadi España abre una nueva fase de negociación con las autonomías de régimen común después de que la propuesta presentada en enero cosechara el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña. La oposición no solo llegó desde gobiernos del PP, sino también desde ejecutivos socialistas como el de Emiliano García-Page, que considera que el modelo perjudica a regiones como Castilla-La Mancha.
Aunque Hacienda defiende que la reforma aportará cerca de 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades y garantizará que ninguna pierda recursos respecto al sistema vigente, el Ejecutivo castellanomanchego sostiene que el problema no es únicamente la cantidad de dinero a repartir, sino los criterios utilizados para hacerlo.
La "línea roja" de la ordinalidad
El principal punto de fricción es la incorporación del denominado principio de ordinalidad, que Castilla-La Mancha considera incompatible con la igualdad entre ciudadanos. Según el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, este criterio supone consolidar un modelo en el que las comunidades con mayor capacidad económica mantienen posiciones privilegiadas tras el reparto de recursos públicos.
Desde la Región se argumenta que la financiación autonómica debe corregir desigualdades y no consolidarlas, especialmente en territorios que soportan mayores costes para prestar servicios públicos debido a factores como la dispersión de la población, el envejecimiento o la extensión territorial.
Acusaciones de negociación bilateral con Cataluña
Otro de los aspectos más cuestionados es el origen de la propuesta. Castilla-La Mancha comparte con otras autonomías la crítica de que el modelo nace condicionado por los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y ERC para asegurar la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Por ello, reclama que cualquier reforma se negocie en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no mediante pactos bilaterales.
La tensión es tal que el PSOE de Castilla-La Mancha llegó a plantear que la Junta recurra a los tribunales si el Ejecutivo central mantiene un modelo que considera "regresivo e injusto" para la región.
Pese a ello, Hacienda mantiene su hoja de ruta y prevé convocar próximamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar sacar adelante una reforma que, cinco meses después de su presentación, sigue lejos del consenso territorial necesario para convertirse en realidad.