El Gobierno ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con la publicación en el BOE de la orden ministerial que fija el calendario y las directrices para los distintos ministerios. Sin embargo, el arranque del nuevo ciclo presupuestario convive con una realidad ya estructural en la política fiscal española: los Presupuestos vigentes siguen siendo los de 2023, prorrogados automáticamente por la falta de nuevas cuentas aprobadas en el Congreso.
La orden establece que los departamentos ministeriales deberán remitir sus propuestas de gasto antes del 29 de junio a la Dirección General de Presupuestos, paso inicial de un proceso que culminaría, según el calendario del Ejecutivo, con la presentación del proyecto de ley en el segundo semestre de 2026.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado que el objetivo es diseñar unas cuentas “más sociales, más justas y más responsables”, con especial énfasis en la vivienda, considerada una prioridad absoluta para ampliar la oferta de alquiler asequible y reforzar el parque público.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había avanzado esta semana la activación del calendario presupuestario, en un contexto político en el que el Ejecutivo busca recuperar la iniciativa tras varios ejercicios marcados por las dificultades parlamentarias.
Un proceso que arranca… pero con retraso acumulado
El inicio formal de los PGE 2027 contrasta con el bloqueo institucional de los últimos años. El Gobierno no ha logrado aprobar nuevos presupuestos desde 2023, que continúan prorrogados de forma automática. La tentativa de impulsar unas cuentas para 2026 no llegó a materializarse, después de que el Congreso tumbara la senda de déficit en dos ocasiones, impidiendo avanzar en el diseño completo del proyecto.
Esto implica que el Estado lleva varios ejercicios operando con un marco presupuestario desactualizado, adaptado mediante modificaciones parciales, pero sin un nuevo ciclo completo aprobado por las Cortes Generales.
Calendario exigente y dependencia parlamentaria
El Ejecutivo prevé actualizar el cuadro macroeconómico antes del verano y someter a votación el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros antes de remitir el proyecto al Parlamento. La Constitución establece como fecha límite el 30 de septiembre para la presentación de los PGE.
No obstante, el propio Gobierno reconoce que el éxito del proceso dependerá del acuerdo con los grupos parlamentarios, en un escenario político fragmentado que ya ha condicionado ejercicios anteriores.
Prioridades: vivienda, bienestar y transición ecológica
El diseño preliminar de los PGE 2027 sitúa la vivienda como eje central, junto con el refuerzo del Estado del bienestar, la sanidad pública, las políticas de igualdad y la transición ecológica. El Ejecutivo plantea también aumentar la inversión en innovación, digitalización e inteligencia artificial, además de reforzar el sistema de pensiones y avanzar en la reforma de la financiación autonómica.
En el plano macroeconómico, el Gobierno sostiene que las cuentas buscarán consolidar el crecimiento, reducir progresivamente el déficit y mantener la deuda por debajo del 100% del PIB al final de la legislatura.
Entre la planificación y la incertidumbre política
El arranque del calendario presupuestario abre formalmente el ciclo de negociación de las cuentas de 2027, pero lo hace sobre una base ya excepcional: España sigue sin aprobar unos nuevos Presupuestos completos desde hace varios ejercicios, una situación que el Ejecutivo atribuye a la complejidad parlamentaria y al contexto internacional, mientras la oposición insiste en el desgaste institucional que supone la prórroga prolongada de las cuentas públicas.