El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) ha moderado su caída en abril hasta el -0,12%, frente al descenso del -0,75% registrado en marzo, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la mejora, el indicador encadena ya 16 meses consecutivos en terreno negativo, reflejando la persistencia de las dificultades para recuperar plenamente la competitividad frente a los países de la zona euro.
La tasa registrada en abril es la menos negativa desde diciembre de 2024 y supone una notable corrección respecto a los retrocesos observados durante los últimos meses. Sin embargo, el indicador continúa por debajo de cero, lo que activa la denominada "regla de no revisión" en los contratos que utilizan este índice como referencia para la actualización de precios.
El IGC es un indicador diseñado para garantizar que las revisiones de precios sean compatibles con la recuperación de la competitividad de la economía española respecto a sus socios de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Su cálculo se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la zona euro, ajustado por una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.
Cuando el resultado del índice es negativo, como ocurre actualmente, se toma el valor cero como referencia para la revisión de precios. Por el contrario, si supera el objetivo de inflación del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), se utiliza este último porcentaje como límite máximo.
Dos años marcados por la debilidad del indicador
La evolución reciente del IGC refleja una trayectoria marcada por las tasas negativas. El indicador comenzó 2024 con un avance del 0,17%, aunque posteriormente entró en terreno negativo durante la mayor parte del ejercicio. Tan solo registró valores positivos en julio y diciembre, mientras que su peor dato se alcanzó en septiembre, con una caída del -0,45%.
La tendencia se agravó durante 2025, año en el que el índice permaneció en negativo todos los meses. En 2026 la situación tampoco ha cambiado y el indicador acumula ya cuatro meses consecutivos de descensos.
Un termómetro para la actualización de contratos
Aunque se trata de un indicador poco conocido fuera de los ámbitos económicos y administrativos, el IGC tiene una relevancia práctica significativa. Su función principal es servir de referencia para la actualización de determinados contratos públicos y privados, evitando que las revisiones automáticas de precios generen pérdidas adicionales de competitividad para la economía española. También utiliza frecuentemente en el sector inmobiliario, específicamente en las revisiones anuales de las rentas de alquiler.