El Estado destinó 18,15 millones de euros al pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Castilla-La Mancha durante el mes de junio, una prestación que llegó a 39.156 hogares de la región y benefició a 129.600 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Los datos de la nómina correspondiente a junio reflejan que la comunidad autónoma concentra un gasto mensual de 18.148.178,22 euros, mientras que la cuantía media por hogar se sitúa en 427,90 euros al mes, una cifra sensiblemente inferior a la media nacional, que alcanza los 507 euros mensuales. A nivel estatal, la nómina del IMV ascendió en junio a 465,7 millones de euros repartidos entre 860.458 hogares.
Desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, la inversión acumulada del Estado en Castilla-La Mancha alcanza ya los 752,75 millones de euros, reflejando el peso creciente de esta prestación como herramienta de protección social.
En la región, el IMV llega a 129.600 beneficiarios, de los que 56.111 son menores de edad, lo que significa que representan alrededor del 43% del total, un porcentaje ligeramente superior al conjunto de España, donde los menores constituyen el 41% de los perceptores. A nivel nacional, más de un millón de niños, niñas y adolescentes reciben actualmente esta prestación.
Además, 30.139 hogares castellanomanchegos perciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación adicional vinculada al IMV destinada a familias con hijos a cargo y que amplía la cobertura a hogares con rentas bajas y moderadas.
Perfil de los beneficiarios
Los datos del INSS muestran también un claro predominio femenino entre los titulares de la prestación. En Castilla-La Mancha, 26.372 titulares son mujeres, frente a 12.784 hombres, una distribución similar a la registrada en el conjunto del país, donde el 68% de los titulares son mujeres.
Por otra parte, la estructura de los hogares beneficiarios refleja el peso de las familias con menores. Los grupos más numerosos son los formados por dos adultos y dos menores (8.321 hogares), seguidos por los de un adulto (6.425) y los de dos adultos y un menor (5.373).
Castilla-La Mancha, por debajo de la media en cuantía
Aunque el número de beneficiarios mantiene una tendencia al alza, la cuantía media mensual que reciben los hogares de Castilla-La Mancha (427,90 euros) se sitúa 79 euros por debajo de la media nacional (506,99 euros), lo que puede responder a la composición de las unidades familiares y al cálculo individualizado de la prestación en función de los ingresos y circunstancias de cada hogar.
En el conjunto de España, el IMV protege actualmente a 2,63 millones de personas repartidas en 860.458 hogares, tras una inversión acumulada superior a 21.296 millones de euros desde la creación de la prestación en 2020.
La regularización de migrantes podría ampliar el universo de potenciales beneficiarios
La evolución del Ingreso Mínimo Vital también estará condicionada por las decisiones que adopte el Gobierno en materia migratoria. Una eventual regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular podría incrementar el número de potenciales beneficiarios de la prestación, aunque su impacto presupuestario no sería inmediato ni automático.
En la actualidad, el IMV exige acreditar residencia legal y efectiva en España, además de cumplir los requisitos de vulnerabilidad económica, límites de renta y patrimonio y las condiciones establecidas para cada unidad de convivencia.
Esto significa que una futura regularización únicamente eliminaría el obstáculo de la residencia legal para quienes obtuvieran autorización de residencia. Posteriormente, cada solicitante tendría que acreditar el resto de requisitos para acceder a la prestación, por lo que no todas las personas regularizadas pasarían a percibir el IMV.
En el caso de Castilla-La Mancha, donde el Estado destina ya 18,15 millones de euros al mes al pago del Ingreso Mínimo Vital para 39.156 hogares, una ampliación del colectivo con derecho potencial a solicitar la ayuda podría traducirse, a medio plazo, en un incremento tanto del número de beneficiarios como del coste que asume la Seguridad Social. No obstante, por el momento el Ministerio de Inclusión ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social han realizado una estimación oficial del impacto económico que tendría una eventual regularización sobre el gasto del IMV.