El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cargado contra el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica impulsado por el Ministerio de Hacienda, al considerar que no existe una negociación efectiva con las comunidades autónomas porque el modelo ya está cerrado de antemano con Cataluña.
Así lo ha afirmado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una comparecencia celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, en la que ha analizado la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda antes de la reunión del comité técnico prevista para este martes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para el próximo 29 de julio.
Ruiz Molina ha asegurado que el documento de unas 70 páginas recibido por las comunidades "reproduce" el contenido del acuerdo anunciado el pasado mes de enero por la entonces ministra María Jesús Montero, sin introducir modificaciones sustanciales. A su juicio, ello demuestra que el proceso carece de una negociación real, ya que las autonomías únicamente pueden aceptar o rechazar un texto previamente acordado.
El consejero ha definido la propuesta como un auténtico "contrato de adhesión", al entender que las comunidades autónomas no disponen de capacidad para modificar el contenido del modelo y que cualquier aportación posterior resultaría irrelevante.
Rechazo al principio de ordinalidad
El Ejecutivo regional mantiene su rechazo al nuevo modelo al considerar que genera privilegios para determinados territorios y rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos.
En este sentido, Ruiz Molina ha criticado especialmente la incorporación del principio de ordinalidad, defendido por los partidos independentistas catalanes, al considerar que consolida un sistema en el que las comunidades con mayor capacidad económica disponen también de más recursos para financiar servicios públicos como la sanidad o la educación.
Frente a este planteamiento, el consejero ha defendido que todos los ciudadanos deben acceder a unos servicios públicos de igual calidad con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, criterio que, según ha señalado, inspira la propuesta presentada por Castilla-La Mancha.
Rechazo al Fondo de Compensación Interterritorial
Durante su comparecencia, Ruiz Molina ha revelado además que el secretario de Estado de Hacienda planteó en una reunión bilateral celebrada el pasado 22 de junio la posibilidad de utilizar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para compensar a aquellas comunidades que quedarían por debajo de la media de financiación por habitante con el nuevo modelo.
El Gobierno regional rechazó esa posibilidad al considerar que dicho fondo tiene como finalidad reducir los desequilibrios territoriales mediante políticas de desarrollo regional y no corregir las carencias del sistema de financiación autonómica.
El consejero ha subrayado que Castilla-La Mancha no reclama mecanismos compensatorios, sino un modelo de reparto que sea equitativo desde su origen. En este sentido, ha insistido en la necesidad de establecer un fondo transitorio de nivelación mientras se aprueba el nuevo sistema, con el fin de corregir la situación de infrafinanciación que denuncia la comunidad autónoma.
Denuncia falta de transparencia
Ruiz Molina también ha criticado la falta de información facilitada por el Ministerio durante el proceso. Según ha explicado, Castilla-La Mancha remitió hace semanas una propuesta completa de financiación y solicitó información adicional para conocer el impacto real del nuevo modelo, sin obtener respuesta.
Asimismo, ha cuestionado que el Ministerio haya comunicado únicamente una estimación de incremento de financiación para la región, cifrada en 1.248 millones de euros, sin detallar los criterios utilizados para calcular esa cantidad ni ofrecer información equivalente para el resto de comunidades autónomas.
A juicio del consejero, el procedimiento está marcado por una opacidad sin precedentes y ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que facilite a todas las comunidades la misma información de la que disponen la Generalitat de Cataluña y ERC.
Castilla-La Mancha defiende su propia propuesta
El titular de Hacienda ha insistido en que una reforma de esta trascendencia debe debatirse en la Conferencia de Presidentes, además de en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, dada la dimensión institucional del asunto y el rechazo que, según ha señalado, suscita el planteamiento del Gobierno entre la mayoría de las comunidades autónomas.
Ruiz Molina ha asegurado que Castilla-La Mancha ha sido, según la información de la que dispone el Ejecutivo autonómico, la única comunidad que ha presentado formalmente una propuesta alternativa al Ministerio. Esa propuesta se basa en repartir la riqueza nacional con criterios objetivos que permitan garantizar una financiación equivalente por habitante en todo el territorio.
El consejero ha concluido asegurando que la región no aspira a recibir más recursos que otras comunidades, pero tampoco menos, y ha señalado que, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, Castilla-La Mancha necesitaría alrededor de un 10 % más de financiación para equipararse a Cataluña. Ha añadido que el Gobierno regional acudirá a las próximas reuniones con el objetivo de defender "única y exclusivamente" los intereses de Castilla-La Mancha, al margen del color político del Gobierno central.