El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, apenas una semana después de que ambas propuestas fueran rechazadas por el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo mantiene así intacta su hoja de ruta fiscal con la intención de continuar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.
La propuesta fue rechazada la pasada semana por la Cámara Baja con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, optaron por la abstención. El resultado fue de 167 votos a favor, 178 en contra y cinco abstenciones.
Pese a esa derrota parlamentaria, el Gobierno ha decidido volver a aprobar exactamente la misma senda de estabilidad en Consejo de Ministros y la remitirá nuevamente al Congreso, donde previsiblemente volverá a decaer en la votación prevista para este jueves, 23 de julio.
El Gobierno seguirá adelante con unos Presupuestos más restrictivos para las autonomías
Si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, el Ejecutivo podrá continuar con la elaboración de los Presupuestos de 2027, aunque deberá hacerlo aplicando una referencia fiscal más restrictiva para las comunidades autónomas, si bien compatible con las exigencias de disciplina presupuestaria fijadas por la Unión Europea.
El objetivo del Gobierno es iniciar las negociaciones con los grupos parlamentarios una vez cierre el contenido del proyecto presupuestario dentro del propio Ejecutivo, con la intención de presentar las cuentas públicas a la vuelta del verano.
Déficit del 1,8% en 2027 y margen fiscal de casi 5.850 millones para las comunidades
La senda de estabilidad aprobada contempla un déficit del conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, que se reducirá al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029.
La Administración General del Estado asumirá la mayor parte del desequilibrio, con un déficit del 1,5% del PIB en 2027, del 1,4% en 2028 y del 1,3% en 2029.
Para las comunidades autónomas se mantiene un objetivo de déficit del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios, lo que, según Hacienda, les proporcionará un margen fiscal de 5.849 millones de euros. No obstante, el Ministerio ha dejado abierta la posibilidad de estudiar un reparto asimétrico del déficit en función de la situación financiera de cada territorio.
En el caso de las entidades locales, el objetivo será alcanzar el equilibrio presupuestario durante todo el periodo, mientras que la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2% del PIB en 2027 y del 0,1% en 2028 y 2029.
La deuda pública continuará descendiendo hasta el 95,3% del PIB en 2029
La planificación del Ejecutivo también prevé una reducción progresiva del endeudamiento público. La ratio de deuda sobre el PIB pasará del 97,6% previsto para 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.
Para la Administración Central y la Seguridad Social, el objetivo es situar la deuda en el 77,6% del PIB en 2027, reduciéndose al 77% en 2028 y al 76,6% en 2029.
Las comunidades autónomas deberán rebajar su deuda hasta el 18,9% del PIB en 2027, el 18,3% en 2028 y el 17,7% en 2029. En el caso de las entidades locales, el objetivo será mantenerla en el 1,1% del PIB en 2027 y 2028, para reducirla al 1% un año después.
Asimismo, el Ejecutivo fija una regla de gasto del 4% para 2027, del 3,8% para 2028 y del 3,6% para 2029.
Un techo de gasto récord de 226.032 millones
Junto a la senda fiscal, el Gobierno ha aprobado un límite de gasto no financiero para 2027 de 226.032 millones de euros, la cifra más elevada de la historia y un 6,6% superior a la de 2026.
El denominado techo de gasto nacional aumentará en 14.006 millones de euros respecto al ejercicio anterior. En comparación con el límite de gasto que incluía los fondos europeos, el incremento será de 9.855 millones, equivalente al 4,6%.
El Ejecutivo explica que esta diferencia responde al final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuya vigencia concluye el próximo 31 de agosto, lo que impedirá seguir utilizando recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a partir de esa fecha.