El balance de los fondos europeos Next Generation entra en su fase final con una paradoja: España ha movilizado decenas de miles de millones de euros para transformar su economía, pero los principales indicadores agregados todavía no reflejan un cambio estructural equivalente en inversión y productividad. Es la principal conclusión que plantea Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en un análisis publicado en El Mundo, en el que examina los resultados del Plan de Recuperación cuando se aproxima el final de su periodo de ejecución.
Desde 2021 hasta junio de 2026 se han adjudicado en España 62.726 millones de euros en contratos y ayudas financiados con transferencias del Plan de Recuperación, cerca de cuatro puntos del PIB. Sin embargo, la inversión pública ha pasado del 2,2% del PIB en 2019 al 2,9% en 2025, todavía por debajo del 4% que se pretendía alcanzar y de la media europea, situada en el 3,7%.
El dato apunta a una de las cuestiones centrales del balance de Doménech: los fondos europeos han supuesto un importante volumen extraordinario de recursos, pero no han conseguido hasta ahora cerrar la brecha de inversión pública que España arrastra respecto a Europa.
A ello se añade la posibilidad de que parte de los recursos europeos haya sustituido a financiación nacional, reduciendo el efecto adicional que inicialmente se esperaba de estos fondos. La denominada adicionalidad —que el dinero europeo permita hacer más inversión y no simplemente financiar con recursos comunitarios actuaciones que se habrían realizado igualmente— se convierte así en uno de los elementos determinantes para evaluar el impacto real del programa.
Más recursos, pero sin un salto equivalente en productividad
La segunda gran cuestión se sitúa en la productividad. La economía española ha crecido con intensidad desde la pandemia, pero el aumento de la producción no se ha traducido en una mejora proporcional de la producción por trabajador.
Según los datos manejados por BBVA Research, desde el cuarto trimestre de 2019 el PIB real ha aumentado un 12,1%, mientras que el PIB por ocupado apenas lo ha hecho un 0,2%. Medido por hora trabajada, el incremento alcanza el 2,4%, una mejora equivalente a aproximadamente un 0,4% anual.
La divergencia entre crecimiento y productividad es especialmente relevante porque uno de los objetivos fundamentales del Plan de Recuperación era precisamente elevar el potencial de crecimiento de la economía española mediante inversiones en digitalización, transición energética, infraestructuras, innovación y capital humano.
El problema, por tanto, no es que los fondos no hayan financiado proyectos o que no hayan tenido ningún efecto sobre la actividad. La dificultad reside en determinar hasta qué punto ese esfuerzo extraordinario se ha traducido en una mejora permanente de la capacidad productiva.
Doménech subraya además que no existe un contrafactual suficientemente sólido que permita saber qué habría ocurrido en España sin los fondos NGEU. Por ello, los datos agregados no permiten atribuir directamente al Plan la evolución de la inversión o de la productividad. El balance exige distinguir entre los recursos movilizados, los proyectos ejecutados y los resultados estructurales obtenidos.
La inversión privada tampoco termina de despegar
La otra cara del Plan era conseguir que la inversión pública actuara como palanca de la inversión privada. El objetivo no consistía únicamente en gastar los fondos europeos, sino en generar un efecto tractor sobre las empresas y movilizar recursos adicionales.
El análisis de BBVA Research encuentra indicios de ese efecto en el comportamiento del crédito empresarial de las compañías beneficiarias de adjudicaciones NGEU. Sin embargo, el comportamiento agregado de la inversión privada sigue siendo débil. En 2025 representaba un porcentaje del PIB cuatro décimas inferior al de 2019.
La conclusión es que el impulso europeo ha contribuido a sostener la actividad y ha permitido financiar numerosas actuaciones, pero todavía no existe evidencia suficiente de una transformación agregada de la inversión privada comparable con la magnitud del esfuerzo financiero realizado.
Castilla-La Mancha absorbe el grueso de sus fondos, pero afronta el mismo reto de fondo
Castilla-La Mancha ofrece un contraste relevante dentro de este escenario. La región tenía asignados 1.420 millones de euros de fondos Next Generation a comienzos de 2026 y había comprometido el 90% de esa cantidad, según los datos facilitados por el Gobierno regional. La ejecución ha alcanzado además una elevada capilaridad territorial: en diciembre de 2025 los fondos habían llegado a 858 municipios, el 93,47% del total regional.
La región también presenta algún indicador sectorial de productividad positivo. BBVA Research calculó que la productividad por hora en comercio, transporte y hostelería había aumentado un 7% entre 2019 y 2023 en Castilla-La Mancha, frente al 5,3% registrado en el conjunto de España. No obstante, se trata de un indicador sectorial y de un periodo anterior al cierre del ciclo NGEU, por lo que no permite atribuir esa mejora a los fondos europeos ni extrapolarla al conjunto de la economía regional.
El caso castellano-manchego ilustra así una cuestión que trasciende el porcentaje de ejecución: haber absorbido los fondos es una condición necesaria, pero el verdadero resultado se medirá por la capacidad de esas inversiones para aumentar de forma permanente la productividad y la inversión privada.
El reto comienza cuando desaparece el estímulo europeo
El final del NGEU plantea, por tanto, una segunda fase mucho más exigente. Hasta ahora, la prioridad ha sido captar, adjudicar y ejecutar los recursos disponibles. A partir de ahora, la cuestión será qué capacidad tiene la economía española para mantener el esfuerzo inversor una vez desaparezca este estímulo extraordinario.
El riesgo que apunta Doménech es que la inversión pública vuelva a reducirse cuando desaparezca la financiación europea. La presión sobre las cuentas públicas, además, limita el margen para sustituir automáticamente los recursos comunitarios por financiación nacional.
La situación obliga a diferenciar entre el impacto coyuntural de los fondos y su capacidad para modificar el crecimiento potencial. Una inversión puede sostener la actividad durante su ejecución, pero su verdadero impacto económico aparece cuando genera más capital productivo, mejora la eficiencia de las empresas, facilita la innovación o aumenta la productividad de los trabajadores.
Ese es precisamente el examen que queda pendiente para España tras el ciclo Next Generation: convertir un volumen excepcional de financiación europea en una mejora permanente de la capacidad de crecimiento.
La experiencia de estos años deja además una segunda lección. El crecimiento económico y el aumento del empleo no garantizan por sí solos una mejora equivalente de la productividad. España ha conseguido aumentar con fuerza la ocupación desde la pandemia, pero una parte importante de ese crecimiento se ha concentrado en servicios y en actividades con una productividad inferior a la media.
Por eso, una vez agotado el impulso de los fondos europeos, el desafío cambia. Ya no se trata tanto de cuánto dinero se ha movilizado, sino de qué capacidad tiene la economía para transformar ese dinero en más inversión privada, más capital productivo y mayor productividad.